El Consejo de Ministros estudiará hoy un informe sobre el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, uno de los proyectos estrella del Gobierno en este tramo final de legislatura. El texto, que se aprobará previsiblemente en la primer Consejo de Ministros del año, el 7 de enero, desarrolla el artículo 14 de la Constitución contra la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, ampliando los ámbitos donde puede aparecer este problema. Así, según fuentes del Ministerio de Sanidad, la norma perseguirá también la discriminación por edad y por enfermedad. Esta última es una demanda compartida por muchas personas que creen que no gozan de igualdad de oportunidades por sufrir una patología.

Uno de estos casos es el de Simón, un niño de 5 años de Palma de Mallorca cuya condición de diabético le está poniendo las cosas más difíciles en la escuela donde acude en la capital balear, el colegio público Eugenio López y López. Lo explicaba ayer su madre, Mar Varela, de 38 años, que lleva desde octubre de 2009, cuando su hijo empezó a necesitar una bomba de insulina, presentando reclamaciones en el colegio y las consellerías de Salut y Educació del Govern balear para que alguien, ya sea una enfermera o un profesor cualificado para ello, se ocupe de poner al niño la insulina cuando lo necesita.

El anteproyecto se aprobará en principio el próximo 7 de enero

Pero hasta ahora no ha tenido ningún éxito, y eso pese a que desde 2007 existe un convenio entre ambas consellerías y la Asociación de personas diabéticas de Baleares (ADIBA) sobre control y seguimiento de niños diabéticos en el centro escolar.

"Tenemos que desplazarnos nosotros todos los días al colegio para ponerle la insulina, sino nadie se la pone", denuncia Varela, que cree que la situación empeorará en los próximos meses, cuando dé a luz al nuevo hijo que está esperando. "Después de mandar un montón de escritos y mantener un montón de reuniones, nos han dado soluciones que nunca han llevado a la práctica", se lamenta la madre, que afirma que su hijo está sufriendo retraso académico debido a su enfermedad, ya que cuando los padres no pueden ir a ponerle insulina no le pueden llevar a clase y el centro argumenta que el problema sanitario de Simón "no es cosa suya".

"Están discriminando al niño, pero les da igual", asevera Varela, que asegura que "el niño está faltando no por la diabetes, sino porque ellos [las autoridades] no ponen los medios". Esta madre, que afirma que en el colegio hay un caso similar al de su hijo, se plantea actualmente acudir a los tribunales, ya que necesita "una solución inmediata".

La norma desarrolla el artículo 14 de la Constitución Española

Consultadas por el caso, fuentes de Educació indicaron ayer a Público que el convenio de 2007 está permitiendo atender a más de 50 niños diabéticos de Balears, aunque sigue habiendo dos centros uno de ellos el de Simón con niños diabéticos que necesitan bomba de insulina "que no disponían de esta cobertura". Educació puntualiza que en una reunión se acordó que Salut asumiría el coste de la formación y apoyo al personal del centro educativo que realizará directamente el control, y que esta formación "está planificada y a punto de realizarse", así como el apoyo de las enfermeras del centro de salud al centro escolar.

El caso de este niño no es único, como pusieron de relieve este mes en Madrid colectivos de personas con diabetes, VIH/Sida, cáncer, acondroplasia, celiaquía y enfermedades raras, que denunciaron la "discriminación por enfermedad" que aún subsiste en España en ámbitos como la escuela o el trabajo. A juicio de estos colectivos, la sociedad sigue ejerciendo una "violencia simbólica" sobre los enfermos a través del estigma y los prejuicios.