Argentina se sumó ayer a los países de América Latina que han despenalizado el consumo privado de drogas blandas con un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del castigo penal a la tenencia de este tipo de sustancias para consumo personal.

En una decisión no exenta de polémica, la Corte Suprema argentina declaró "inconstitucional" el castigo penal del consumo de marihuana en adultos, condicionado al ámbito privado y sin peligros para terceros, aunque no ordenó la despenalización general del consumo de ésta ni de otras drogas.

El fallo coloca a Argentina en una situación similar a la de algunos otros países latinoamericanos, como Perú, segundo productor de hoja de coca y cocaína del mundo, donde está permitido poseer mínimas cantidades de droga para consumo personal.

A finales de julio, el ministro peruano del Interior, Octavio Salazar, anunció que pretendía presentar un proyecto legislativo para eliminar la figura de la posesión lícita de drogas en cantidades mínimas, pero su iniciativa fracasó por críticas de sectores gubernamentales, políticos y expertos en narcotráfico.

Mientras, los cultivadores de hoja de coca, materia prima para elaborar cocaína, exigen que se retire a esta planta de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena.

En Venezuela, el consumo personal de estupefacientes (hasta 2 gramos de cocaína y hasta 20 gramos de cannabis) no supone sanción penal, pero la ley prevé sanciones administrativas y de seguridad social que pueden llevar al internamiento en centros sanitarios y, en el caso de ciudadanos extranjeros, a la expulsión del país.

El Gobierno brasileño, por su parte, sancionó en 2006 una ley que prevé un trato diferenciado para los consumidores de drogas, pero que no despenaliza el delito.

La norma prohíbe a la Policía arrestar a quien "adquiera, guarde, tenga en depósito, transporte o cargue consigo drogas para consumo personal".

La legislación busca diferenciar entre el consumidor de drogas, para quien se recomienda un tratamiento socio-educativo, y el narcotraficante.

En Paraguay, por el contrario, no existe ninguna normativa que despenalice la tenencia de droga, aunque hay una propuesta oficialista pendiente de discusión parlamentaria para reglamentar el cultivo, comercialización y consumo de marihuana en el país, principal productor suramericano de esa droga.

En Chile, la legislación se refiere a tráfico y no al consumo, pero un aspirante a diputado en las próximas elecciones, Claudio Venegas, promueve una campaña para reformar la ley y despenalizar el consumo privado de marihuana.

En Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua no hay legislación que inhiba de castigo la tenencia de drogas para consumo personal.

Tampoco en Bolivia, donde el Gobierno de Evo Morales desarrolla una intensa campaña para que Naciones Unidas elimine de la lista de estupefacientes la coca, utilizada en este país con fines culturales, religiosos y medicinales.

En Colombia, el Senado tiene pendiente en una comisión de reforma constitucional el estudio del tema.

En junio pasado la Cámara de Representantes aprobó por 51 votos a favor y 16 en una reforma a la Constitución para prohibir el consumo y tenencia de la dosis personal de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

En anteriores discusiones legislativas la penalización no ha sido aprobada.

En la República Dominicana la ley prevé penas de prisión y multa para el consumo y la posesión a título personal.

Mientras en México, el Senado aprobó en abril un conjunto de reformas legales para combatir al tráfico de drogas a pequeña escala, que incluyen las dosis máximas de droga que podrá llevar un adicto sin que sea sujeto a sanción penal.

El dictamen fija una permisividad de dos gramos de opio, 50 miligramos de heroína, cinco gramos de marihuana y 500 miligramos de cocaína, entre otras sustancias.

En Uruguay, la legalización del consumo de drogas blandas como la marihuana ha estado presente en la campaña electoral para las primarias de los partidos y, previsiblemente, también lo estará en las elecciones presidenciales de octubre.

El candidato del oficialista Frente Amplio, José Mujica, ha anunciado que considerará seriamente la legalización de la marihuana "con mucha flexibilidad", mientras el ex presidente y candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, se muestra contrario a la legalización salvo en casos con fines terapéuticos.