Dolor múltiple, derechos vulnerados y represión ilegal: la otra historia de ETA

No tuvieron ninguna base de submarinos. Tampoco dirigieron diarios ni daban clases en ikastolas. Nada de eso es cierto. Da igual. O mejor dicho, dio igual. Durante largos años, la existencia de ETA sirvió para justificar (o directamente inventarse) todo tipo de redadas policiales, censuras o y hasta cierres de medios de comunicación. Todo ello formó parte de la época violenta que esta semana se cerrará definitivamente en Euskadi con la desaparición de la organización ya desarmada.

Las cuentas claras. En sesenta años de existencia, ETA asesinó a 829 personas. Entre sus víctimas hubo políticos, policías (nacionales y autonómicos), guardias civiles, periodistas… La mayor parte de los crímenes fueron aclarados y sus responsables (jurídicamente hablando) condenados. En momentos álgidos, las cárceles españolas y francesas (más las primeras que las segundas) llegaron a encerrar a casi 800 presos acusados de tener algún tipo de vinculación con el terrorismo. Las víctimas, por su parte, han sido reconocidas e indemnizadas por el Estado en prácticamente todos los casos.

Hoy ya nadie pone en duda el sufrimiento causado por el terrorismo. No lo niega ni la propia ETA, que en un comunicado hecho público hace un par de semanas reconoció el daño que sus acciones provocaron y pidió perdón a las víctimas. Un perdón que despertó críticas, ya que en esa declaración (posiblemente la penúltima) enfocaba las disculpas en las “ciudadanas y ciudadanos sin responsabilidad en el conflicto”. En términos generales, mostró su “respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto”. “Lo sentimos de veras”, expresó.

¿Cómo empezó todo esto? Según los datos puramente historiográficos, Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad, según su significado en euskera) nació en 1959. O lo que es lo mismo, en plena dictadura franquista. Durante sus primeras décadas sufrió varias escisiones, hasta configurarse en ETA-Militar o, lisa y llanamente, ETA. En España se le llamó siempre banda terrorista, aunque numerosos medios de prensa internacionales la han catalogado, y siguen catalogándola, como “organización separatista” o “independentista”.

¿Qué significó ETA para la sociedad vasca? Para el sociólogo Imanol Zubero, quien además formó parte de la creación de Gesto por la Paz y fue senador por el PSE, resulta difícil encontrar el término exacto. “Ha habido varios momentos y etapas en las que la sociedad vasca ha reaccionado de forma distinta ante el fenómeno de ETA”, explicó a Público.

Zubero diferencia ese “primer momento” en el que la existencia de una organización armada era vista como una reacción a la dictadura franquista con el que llegó “a partir de la transición y la amnistía”. Entonces ETA decidió continuar. “Ahí empezaron los cuestionamientos por una parte muy importante de la sociedad, que se pregunta por el sentido de la acción de ETA. Aun así, seguíamos viviendo en un contexto de acción-reacción: por ejemplo, en 1981 ETA asesina a José María Ryan (ingeniero de la central nuclear de Lemoiz), y a los pocos días aparece asesinado Joxe Arregi (militante de ETA). Era difícil ir más allá”, sostiene este sociólogo.

“La valoración sobre su actividad habría que hacerla dependiendo de la época y de cada momento”, dice por su parte el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco Joseba Azkarraga, quien pone sobre la mesa una cuestión compleja: “cuando se plantea que ETA no tiene que marcar diferencias entre unas víctimas y otras y decir que se equivocó con todas ellas, igual la pregunta que habría que hacer es si vale ese mismo criterio para los casos de Melitón Manzanas y Carrero Blanco”, afirmó. Ambos murieron en acciones cometidas por la organización vasca en agosto de 1968 y diciembre de 1973 respectivamente.

Terror contra el terror

El espiral de violencia que marcó las décadas posteriores de sobra conocido, fundamentalmente cuando se trata de las víctimas provocadas por ETA. Sin embargo, ahí entra en escena otro protagonista de esta historia que no siempre tuvo el lugar merecido: el terrorismo de Estado. El señor X dando órdenes. El ojo por ojo. El terror, nunca mejor dicho, que usted también pagó con su dinero.

“Sin dejar de señalar que ETA fue una organización criminal, no podemos olvidar que también se han producido otras graves violaciones a los derechos humanos en España durante todo este periodo”, señala a este periódico Andrés Krakenberger, ex presidente de la sección española de Amnistía Internacional y actual responsable de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz.

De acuerdo a un informe publicado por el Gobierno Vasco en 2014, existen 67 víctimas mortales del denominado “contraterrorismo”. Cuarenta fueron producidas por el Batallón Vasco Español y las restantes 27 por el GAL. Según ese mismo informe, el 62% de esos crímenes siguen sin ser esclarecidos.

En el caso de las víctimas provocadas por ETA, el Gobierno Vasco estableció en ese informe que existen 197 casos sin resolver (archivados o sobreseídos), lo que supone, según ese documento, el 23,20%. No obstante, organizaciones de víctimas como COVITE o AVT aseguran que esa cifra asciende a más de 300.

“Conflicto moral”

Más allá de las cifras, Zubero destaca que esos contextos de “violencia terrorista, abusos policiales o terrorismo de estado” colocaron a la sociedad vasca “ante un conflicto moral”. “En algunos momentos nos sensibilizamos más por unas cosas que por otras, incurriendo en contradicciones éticas muy fuertes de las que seguramente ninguna ni ninguno hemos salido limpios”, reflexiona.

“Desde Gesto por la Paz denunciábamos que no podía ser que en función de quién cometiese un acto, lo justificaras o no. De hecho, nos costaba mucho explicar, y explicarnos incluso a nosotros mismos, que no teníamos que tener simpatía por el diablo, que si había una tortura, había que condenarla. Incluso la muerte de un militante de ETA cuando le explotaba una bomba tenía un elemento de reflexión que debíamos hacer”, continúa el sociólogo.

Las diferencias de las que habla Zubero no sólo fueron realizadas por la sociedad, sino también por el Estado. No en vano, muchas víctimas de la guerra sucia siguen sin ser reconocidas como tales. Precisamente por eso, Krakenberger cree que tras la desaparición de ETA deberán realizarse “grandes esfuerzos para aplicar un principio básico: a igual conculcación, mismos derechos”. “En otras palabras, la misma conculcación debe generar los mismos derechos, sea quien sea el autor de esa conculcación. Aquí, desgraciadamente, no se han producido los mismos derechos en la gran mayoría de casos”, afirmó.

“Lo que no se puede entender es que la responsabilidad del dolor sufrido en este país sea solamente de ETA. No se debe cerrar esta historia cargando todas las responsabilidades y culpas sobre una de las partes, porque sería absolutamente injusto, y además significaría cerrar este capítulo en falso”, valora por su parte el ex consejero Azkarraga.

De la guerra sucia al “Todo es ETA”

Al terror de estado contra el terror de ETA se sumó posteriormente otro elemento: la utilización de la excusa de la violencia en Euskadi para criminalizar a partidos políticos, entidades sociales, ikastolas (escuelas privadas de enseñanza en euskera), euskaltegis (centros de alfabetización para adultos), diarios, revistas, radios… El “Todo es ETA” sea amplió hasta niveles insospechables y provocó distintos procedimientos policiales y judiciales que acabaron con numerosas personas en prisión.

“Creo que al final también ETA ha sido un lastre en la democratización del Estado español. En algunos casos por temas puramente de seguridad y en otros porque determinadas opciones políticas utilizaban a ETA como excusa para tirar hacia atrás en lugar de hacerlo para adelante”, comenta Krakenberger.

Ha habido casos emblemáticos, como el cierre del periódico Egunkaria y las torturas sufridas por sus responsables. Ahí entra, precisamente, otro capítulo de la historia negra de este país: los malos tratos y vejámenes perpetrados por funcionarios del Estado a personas detenidas por causas vinculadas (en el más amplio sentido del concepto) a ETA. Según un informe elaborado recientemente por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno Vasco, entre 1960 y 2014 se produjeron 4.113 casos de torturas.

¿Hubo condenas? Pocas. Muy pocas. De acuerdo a ese mismo estudio, “desde 1978 hasta la actualidad sólo se constatan 20 sentencias condenatorias sobre denuncias de casos sucedidos entre los años 1979 a 1992 a personas detenidas e incomunicadas por su presunta relación con el terrorismo. Con posterioridad a ese año, pese al número de denuncias judiciales interpuestas, no se han producido condenas”, señala. La impunidad salió ganando.