La Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados retiró ayer la propuesta aprobada por la subcomisión la semana pasada para que el consumo de alcohol y drogas fuera considerado un agravante en los delitos de violencia de género. Finalmente, en el texto aprobado ayer por unanimidad se pide únicamente que no se considere ni atenuante ni eximente, y no menciona nada sobre el agravante.

Los diputados se mostraron sorprendidos por el "impresionante recorrido mediático", como aseguró una de las ponentes socialistas, Francisca Medina, de la medida aprobada la semana pasada. Y a pesar de rectificar una parte de la propuesta, los grupos insistieron en que la bebida y las drogas "nunca sean una justificación para el maltrato". Otro de los puntos que también sufrió modificaciones fue la propuesta de que los agresores con una condena firme perdieran la patria potestad y se les suspendiera el régimen de visitas a los hijos. Lo que los grupos decidieron ayer es que la condena firme conlleve la pérdida de la custodia y que el régimen de visitas quede suspendido cuando "se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer, o cuando los hijos revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor".

En la práctica, en caso de que el Gobierno asuma las recomendaciones de la Comisión y decida iniciar una reforma, serán los jueces los que decidan si suspenden el régimen de visitas. En opinión de la diputada de CiU, Mercè Pigem, de esta manera se flexibiliza la propuesta "para adecuarla al derecho que tiene el menor de mantener una relación con sus progenitores". El texto definitivo contiene medio centenar de recomendaciones para mejorar la lucha contra la violencia de género.