El Gobierno aprueba el blindaje del derecho al aborto en la Constitución: "No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí su ejercicio"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que se trata de una modificación que se centra en la dimensión prestacional del derecho al aborto.
El Ejecutivo también ha autorizado la distribución de cerca de 180 millones de euros con el objetivo de impulsar actuaciones de prevención, atención y protección a víctimas de violencia machista.
Madrid--Actualizado a
El Consejo de Ministros ha aprobado el blindaje del derecho al aborto en la Constitución Española, tal y como adelantaba Público la mañana de este martes. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha detallado que el texto que se incorporará al artículo 43.4 será el siguiente: "Los poderes públicos garantizaran el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias". "Este texto es más claro, está mejorado y es más ajustado que el planteado en primera vuelta aunque el contenido es el mismo", ha dicho Redondo.
En febrero, el Consejo de Estado emitió un informe que avalaba la reforma de la Carta Magna con 16 votos a favor y 4 en contra. Redondo ha explicado que se trata de una modificación que se centra en la "dimensión prestacional" del derecho al aborto en la sanidad pública y ha señalado que si bien en estos momentos "no está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí su ejercicio".
"Lo hacemos por tres razones", ha indicado Redondo: la primera, frente a la ultraderecha, que "ha puesto en riesgo los derechos de las mujeres a nivel global". La segunda, porque la inmensa mayoría es favorable a la interrupción voluntaria del embarazo. "En torno al 70% de la sociedad, según las últimas encuestas", ha afirmado la ministra, está de acuerdo con el derecho al aborto. En este sentido, el objetivo de la modificación sería "acompasar a la sociedad en su exigencia de blindar sus derechos". Además, es "consecuente" con lo ya establecido por el Tribunal Constitucional y le da todavía "mas herramientas". En tercer lugar, la ministra ha apelado a la "coherencia" con lo dispuesto en otros países avanzados del entrono como Francia o Luxemburgo.
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¿Cómo se hará la reforma?
Durante el pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que habían iniciado los trámites para proceder a este blindaje. La propuesta retomaba una idea que ya puso sobre la mesa el Ministerio de Sanidad -de la mano de Mónica García- en 2024.
La propia Redondo destacó el pasado 14 de octubre en Moncloa la modificación concreta del artículo 43.4 a través de un texto pactado entre el ala socialista y Sumar, que ahora ha sido modificado.
Este apartado se incluirá en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica. El objetivo, como ha insistido Redondo, era y es reforzar un sistema completo de protección, que recoge tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional, garantizando que este derecho "se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país".
La reforma se debe tramitar mediante el procedimiento contemplado en el artículo 167 de la Constitución y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. La aprobación requeriría entonces dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. También existe la posibilidad de convocar un referéndum de ratificación si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores.
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"Todas las reformas requieren grandes mayorías", ha reflexionado al respecto Redondo, quien ha recordado que en esta legislatura se ha modificado dos veces la Constitución. También ha mencionado como precedente el acuerdo alcanzado para la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (a excepción de Vox). "Evidentemente hablaremos con el Partido Popular, hablaremos con las comunidades autónomas y buscaremos -como siempre lo hacemos- el mayor consenso posible. Porque creo que la ciudadanía lo requiere. Los partidos políticos tenemos que estar a la altura de las personas a las que representamos", ha expresado la ministra.
180 millones para la lucha contra la violencia de género
A esta iniciativa se suma otra medida aprobada también este martes por el Consejo de Ministros, centrada en el refuerzo de las políticas públicas contra la violencia machista. En concreto, el Ejecutivo ha autorizado la distribución de cerca de 180 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con el objetivo de impulsar actuaciones de prevención, atención y protección a las víctimas.
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Del total de fondos, 160 millones se destinarán al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025, con los que se financiarán proyectos y programas autonómicos a lo largo de 2026. Por su parte, los 19,8 millones restantes se orientarán a distintos planes específicos dirigidos a víctimas de violencia de género y de violencias sexuales, incluyendo programas de asistencia social integral, apoyo a víctimas de agresiones sexuales, planes personalizados y medidas de prevención en menores tuteladas.
El reparto definitivo de estas cuantías se concretará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para el 15 de abril, y tendrá en cuenta variables como la población, la situación socioeconómica de las mujeres o factores territoriales como la insularidad o la dispersión rural.
Sobre las firmas
María Martínez Collado
Redactora de Igualdad, Violencias Machistas, Resistencias y Salud Sexual
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