Barreras, estigmas y exposición: el arduo proceso que debes afrontar si quieres abortar en Madrid

Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo en la Comunidad de Madrid, es muy probable que antes o después termine pasando por la Unidad IVE, el departamento administrativo que se ocupa del "asesoramiento y gestión de las solicitudes" para practicar abortos. Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, denuncian que "el paso por esta unidad se percibe como un trámite innecesario e intimidatorio, que no responde a ninguna necesidad sanitaria, sino que suma barreras y expone públicamente a las mujeres, vulnerando su derecho a la confidencialidad". 

A juicio de la organización, "esta estructura refuerza el estigma social en torno al aborto y contradice el enfoque de atención integral y accesible que establece la Ley Orgánica 1/2023". Se trata de un paso que no está recogido en la normativa estatal ni en las guías del Sistema Nacional de Salud.

El proceso es el siguiente, según detalla el personal de la Unidad IVE cuando se llama para solicitar información: si tienes la suerte de disponer de tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid [en caso contrario has de iniciar el trámite para adquirirla], debes proceder a llamar "a una de las clínicas acreditadas para hacer abortos". Desde la Unidad se indican dos o tres de ellas y se te invita a mirar en internet el resto: "Ellos [la clínica] te van a decir cuándo ir. Tienes que ir con la vejiga llena, tienes que beber un litro de agua antes de ir porque ellos te van a hacer una ecografía, te van a confirmar la semana de gestación y luego te van a facilitar una cita con nosotros [la Unidad IVE]. Todo es gratis, no tienes que pagar nada. Aquí lo que hacemos es verificar la documentación tuya y la ecografía que te ha hecho la clínica, y te damos otra documentación para que vuelvas a esa clínica. Es entonces cuando te hacen la interrupción".

Es decir, después de acudir a la Unidad IVE, a las mujeres se les entrega la llamada carta de pago, un documento con fines únicamente administrativos, y se las remite nuevamente a la clínica acreditada. Es allí donde, junto al personal sanitario, deciden el método que prefieren para la intervención, ya sea farmacológico o instrumental. 

En muchos casos, son las propias clínicas las que acompañan y orientan a las mujeres desde el primer momento. Sin embargo, incluso en estas situaciones, deben pasar obligatoriamente por la Unidad IVE para completar los trámites burocráticos. "Esto genera un circuito fragmentado y poco lógico, que obliga a las mujeres a desplazarse entre distintos espacios (la unidad administrativa, la clínica e incluso su centro de salud) para ejercer un derecho que debería garantizarse de forma sencilla, cercana y accesible desde el sistema público", lamentan desde la  Federación de Mujeres Jóvenes. 

"Aunque la ley reconoce la posibilidad de realizar la IVE en centros públicos, en la Comunidad de Madrid esta opción no se ofrece realmente. Los hospitales públicos no practican abortos de manera habitual, y a las mujeres no se les informa de esa posibilidad. En la práctica, la única vía efectiva es acudir a las clínicas privadas concertadas", añaden desde la Federación. Algo que se confirma si se llama a la Unidad IVE. A la pregunta: "¿Y no puedo ir a mi ginecólogo?", la persona que responde al otro lado del teléfono informa tajante: "No, tiene que ser una clínica porque tu ginecólogo no te va a hacer la interrupción (..) No hay ningún ginecólogo, ningún sitio público, que te haga la interrupción; tiene que ser a través de estas clínicas que están autorizadas para hacerlo, ¿vale?". 

Lorena Morales, diputada socialista, también ha denunciado públicamente el "mal funcionamiento" de este proceso. Bajo su punto de vista, el horario -de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes- es "insuficiente", si se tiene en cuenta que "es la única unidad en toda la Comunidad de Madrid". 

"Las mujeres, cuando tienen que ir presencialmente para recoger la documentación -entre las que está la famosa carta de pago-, tienen que perder tiempo de trabajar y desplazarse desde donde estén al centro de la capital. Esto, si es una mujer víctima de violencia de género o una víctima de trata, o sencillamente quieres ser discreta... pues desde luego no se lo están facilitando para nada", reprocha Morales, secretaria de Igualdad del PSOE-M. "Es muy grave que ni siquiera te faciliten el listado de clínicas acreditadas desde la unidad que se supone que te tiene que asesorar. En el buscador te puede salir cualquier cosa. Incluso si los anti-elección son sabedores de esto, lo que hacen es precisamente generar esas entradas ambiguas para que te dirijas a ellos. ¿En qué manos están dejando a las mujeres en un momento tan doloroso?", se pregunta.

La Federación de Mujeres Jóvenes ya advirtió del escollo que supone la Unidad IVE en el informe El aborto en España: Barreras y retos para garantizar el derecho a la IVE, que presentaron el pasado mes de septiembre. "El circuito madrileño incorpora un elemento específico que opera como barrera adicional al ejercicio del derecho a la IVE: la Unidad de la IVE, ubicada en la calle Sagasta. Este dispositivo no realiza funciones clínicas, sino exclusivamente administrativas", apunta el estudio. "Este paso no está regulado expresamente en la normativa estatal (...) en la Comunidad de Madrid, esta unidad funciona como un filtro administrativo añadido", advierte el documento.  

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Varias profesionales, cuyos testimonios recoge el informe de la Federación, coinciden en que la Unidad IVE de Madrid no aporta nada. Denuncian que este dispositivo, lejos de ofrecer atención médica o acompañamiento, se limita a validar documentos y autorizar el pago del procedimiento por parte del sistema público. "¿Por qué tienen que ir a Sagasta? ¿Para qué? No les hacen más controles, no les informan de nada nuevo. Solo firman el papel para que el SERMAS pague. Es otro paso para complicarlo", critica una trabajadora social de un Centro Municipal de Salud. En la misma línea, una ginecóloga del Servicio Público de Salud señala que "llamarle unidad es demasiado, porque deben de ser dos o tres personas (…) cuya única competencia es confirmar que tiene Seguridad Social, que tiene el numerito, y por lo tanto tiene derecho, y transferir a las clínicas". 

Además de lo administrativo, quienes trabajan en el circuito de derivación subrayan el impacto simbólico y emocional que implica este paso obligatorio. A las mujeres se les recuerda explícitamente el coste económico del aborto para la administración, algo que "no pasa con una cesárea ni con una operación de vesícula", tal y como relata una responsable de atención a la mujer en una clínica acreditada: "Te dicen lo que cuesta el procedimiento, para que sepas lo que está pagando la Comunidad por ti. Es casi un aviso". A ello se suma la exposición pública: la Unidad se ubica en un edificio oficial señalizado con un cartel visible de IVE, lo que "da cierta intimidación" y vulnera la confidencialidad. "Tú entras allí y hay un cartel en grande que pone IVE. Es como, mira, tú vas a esto", describe una técnica administrativa de una clínica privada acreditada.

El funcionamiento y la forma de procederse desde esta Unidad concuerda con el hecho de que en la Comunidad de Madrid apenas se realicen el 0,47% de las IVEs en centros públicos. La autonomía que gobierna Díaz Ayuso es la tercera en la que menos abortos se practican en instituciones con mencionada titularidad. Por delante solo están Extremadura, donde no se realiza ni un solo aborto en establecimientos públicos, y Andalucía, donde se practican apenas un 0,2%.

Público ha intentado recabar la versión institucional sobre el funcionamiento y la pertinencia de la Unidad IVE. Al contactar telefónicamente con este organismo, desde la propia unidad señalaron que no ofrecen declaraciones a medios de comunicación y remitieron a pedir cualquier información ante la Consejería de Sanidad. De modo que se trasladó formalmente a la Consejería una batería de preguntas relacionadas con el número de unidades existentes, su horario de atención, si la atención es presencial o telefónica, si se requiere cita previa, el tiempo de espera, y la formación del personal que atiende a las usuarias. 

Se solicitó, asimismo, información sobre el papel concreto de esta unidad dentro del proceso: si es el organismo encargado de realizar todos los trámites administrativos con las clínicas acreditadas o si son las propias mujeres quienes deben gestionar parte del procedimiento; si se ofrece la posibilidad de abortar en centros públicos; y cómo se garantiza, en su caso, la confidencialidad y el acompañamiento durante el itinerario. Pero, hasta el momento de la publicación de este artículo, la Consejería de Sanidad no ha ofrecido respuesta a ninguna de estas cuestiones.