Claves que explican por qué en algunas comunidades no hay casi abortos en la sanidad pública

El pasado viernes 3 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un vuelco al tablero político. En una semana marcada por la apología del discurso antiderechos por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que inicialmente dio respaldo a una propuesta de Vox para desinformar e infundir miedos a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, el líder del Ejecutivo anunció su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Una propuesta que este martes ha salido del Consejo de Ministros y Ministras, y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado ante los medios. 

Para Igualdad, la constitucionalización del derecho al aborto es la consecuencia lógica de las luchas feministas por los derechos y libertades sexuales y reproductivas de las mujeres. Cabe precisar que la OMS calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos peligrosos, mientras que entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto inseguro. Interrupciones del embarazo han existido siempre. La reforma de la Constitución para reconocer este derecho como fundamental supondrá, según el Gobierno, blindar lo ya reconocido por el Tribunal Constitucional -a pesar del Partido Popular- y por la reforma de la ley impulsada en 2023 por el departamento de Irene Montero.

Algunas expertas han mostrado, sin embargo, sus reservas sobre la materialización real y efectiva de esta modificación. Si la ley actual no se cumple -existiendo recursos para forzar su aplicación-, ¿por qué iban a cambiar las cosas de incluirse en la Constitución? En torno a esta pregunta discurría la jurista feminista María Naredo, en conversación con Público, hace unas semanas. La abogada valoraba que no se estaban utilizando las suficientes herramientas de presión a las comunidades autónomas y ponía el foco en que siguen pendientes piezas clave, "por ejemplo, el registro de objetores". En la misma línea, recordaba que la base competencial para exigir su cumplimiento ya la establece "el artículo 149.1 de la Constitución española". Este dice que "es competencia exclusiva del Estado todo lo que son las medidas que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos de la ciudadanía".

Una curiosa apreciación, pues justamente el texto que recoge la propuesta del Gobierno para introducir en la Constitución, establecerá que: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Algo muy similar a lo ya establecido por ley. La gran diferencia (al menos aspiracional del Ejecutivo), eso sí, es que actuaría de muro de contención frente a regresiones y envites de futuras mayorías reaccionarias. Es decir, de la ultraderecha de Vox y la derecha extrema del PP. 

El binomio antiderechos no las tiene todas consigo para ganar este nuevo episodio de su particular batalla cultural contra los cuerpos de las mujeres. La última ocasión en que el CIS preguntó explícitamente sobre aborto libre fue en 2011. En esa encuesta, solo un 26% se declaraba en contra absoluta. Si bien carecemos de datos actualizados para poder medir la evolución de la actitud hacia la IVE en nuestro país, la respuesta masiva a frente a la ley de Gallardón da cuenta de que las mujeres no están dispuestas a dar un paso atrás.

Ahora, si se incluye la IVE en la Constitución, los poderes públicos, tal y como ha expuesto Ana Redondo, garantizarán este derecho, "asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva". La apuesta de los ministerios de Igualdad y Sanidad es bien clara a este respecto. Mencionadas condiciones de igualdad efectiva pasan por generar las condiciones para que las interrupciones voluntarias de embarazos puedan tener lugar en centros 100% públicos. ¿Será eso posible a corto plazo? ¿A costa de qué?

El martes pasado el departamento de Mónica García hacía público un interesante informe donde se analizaba la situación actual de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en centros públicos y privados del Sistema Nacional de Salud y la evolución entre los años 2015-2024, así como las diferencias entre comunidades y ciudades autónomas. Si algo alumbra el estudio es un escenario abrumadoramente desigual. En el año 2024, "de las 106.172 interrupciones del embarazo registradas, 22.563 (21,25%) fueron realizadas en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) en centros privados" [sin coste para las mujeres y financiados con fondos públicos], establece el texto. La cifra en los públicos era del 78,04% en 2020 y del 85,68% en 2019. 

El secretario de Estado, Javier Padilla, recordaba hace unos días que, sin embargo, hay "CCAA que han progresado notablemente y han llegado a cifras superiores al 70", como Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, donde "alguna de ellas, de hecho, lo ha integrado de tal manera que no se ha resentido con los cambios de Gobierno". Otras "partían de niveles bastante altos hace una década y han progresado de manera moderada pero constante. Es el ejemplo de Catalunya e Illes Balears". 

Al tiempo que las hay "que aún no presentan cifras muy elevadas, pero que en los últimos dos años han experimentado una importante subida (Canarias y Castilla y León)". En el resto, el porcentaje es bajo o nulo. "Es preciso resaltar que dos de las CCAA con mayor número absoluto de IVE (Andalucía, la segunda del conjunto de España, y la Comunidad de Madrid, la tercera) realizaron 39 y 86 IVEs en centros públicos respectivamente, lo que representa un 0,2% y 0,47% del total de las IVEs en dichas regiones", versa el informe. En Extremadura, Ceuta y Melilla directamente no se realizaron abortos en establecimientos públicos. Los cinco territorios, por cierto, bajo el mando del Partido Popular. 

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Público

En algunas autonomías se avanza hacia lo 100% público, en otras no. ¿A qué se debe? Por un lado, se puede hablar de una decisión política. Si, como ocurre en Madrid y Andalucía, la tendencia es hacia la firma de conciertos y privatización de servicios, en un tipo de intervención como es el aborto raro sería que la dinámica fuera la opuesta. Se trata, además, de un servicio que históricamente -como recuerdan fuentes especializadas en conversación con este medio- ha sido impulsado por profesionales que trabajaban en clínicas privadas debido a que las garantías en la pública eran mínimas. Primero, por su penalización hasta 1985. Después, por su falta de desarrollo. 

Aparte de la cuestión ideológica, está la cuestión de los objetores de conciencia, no tanto por la decisión personal de cada quien -blindada por ley-, sino por las inercias que emergen a partir de este posicionamiento, que a veces es ético y a otras no. Si quien se declara objetor resulta ser el jefe de servicio, no parece precisamente sencillo para sus subordinados "saltarse" su posición. Si resulta que en un equipo apenas hay dos personas que practican abortos, todas las intervenciones recaerán sobre estas. Y no todo el mundo está dispuesto a pasar por que este sea su único cometido. Además, en términos de carrera profesional sigue operando sibilinamente el estigma. 

Por último, es imposible no mencionar la mediación del cómo, del método, la cuestión sanitaria. La ley del aborto establece que las mujeres tienen derecho a decidir bajo qué condiciones llevar a cabo la IVE. ¿Esto se cumple siempre? Si ya de por sí el número de intervenciones practicadas en lo público es limitado, afirmar que se ofrece siempre la opción de elegir parece aventurarse demasiado. Lo han advertido con anterioridad entidades como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y la Associació Drets Sexuals i Reproductius.  

A este respecto, el informe describe que a nivel estatal el aborto quirúrgico supera al farmacológico, pero en Cantabria, Galicia, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra -donde las cifras de IVE en centros públicos son más elevadas-, el aborto farmacológico es mayoritario. Parece que "la facilidad en el procedimiento de administración y la estandarización de los procesos de seguimiento posterior son elementos que pueden haber sido claves a la hora de incorporar la práctica de las IVE en centros públicos en los últimos años". Ocurre igual con Catalunya e Illes Balears: "Las dos primeras presentan cifras más elevadas de IVE en centros públicos (55% y 45% respectivamente) y, además, una tradición de años anteriores de importante penetración de esta práctica en los proveedores públicos, caracterizada además por un predominio de los métodos farmacológicos en la interrupción del embarazo". El tipo quirúrgico, por su lado, domina en Andalucía (86%) y Madrid (94%).

Y, ¿qué prefieren las mujeres? Un estudio de la ACAI concluyó en 2022 que el 85,74% de las mujeres que deciden abortar voluntariamente y cuyo embarazo no ha superado las nueve semanas escogen la técnica instrumental frente al método farmacológico. Entre las razones que citan estas mujeres para preferir el instrumental está el hecho de que se sienten "mejor que en manos de un profesional" o que con las pastillas "estás consciente de todo y es algo muy violento". Las anteriores son, en todo caso, solo algunas de las premisas a considerar a fin de poder entablar un debate complejo para un contexto extremadamente complejo.