El PP utiliza una mentira sobre la ley de dependencia para orquestar una ofensiva contra Bustinduy

El Partido Popular intenta convertir una mentira en verdad a base de repetir una y otra vez la misma idea. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha recibido en las últimas semanas varias cartas desde tres Gobiernos autonómicos populares en las que reclaman miles de millones de euros para invertir en el sistema de dependencia. La Generalitat valenciana exige al ministro Pablo Bustinduy 4.000 millones de euros y la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia otros 3.000 cada una. En total, los tres Ejecutivos regionales exigen un total que alcanza la abultada cifra de 10.000 millones de euros. 

Las consejerías del PP reclaman más inversión al Gobierno y para ello aplican un pretexto que no es cierto: que el Ejecutivo debe aportar el 50% del total de la financiación de la ley de dependencia, una afirmación que, en realidad, no aparece en la ley. De este modo, cada comunidad autónoma hace su propio cálculo estimado de cuánto dinero supuestamente ha dejado de invertir el Gobierno de Pedro Sánchez en Dependencia y de ahí salen las astronómicas cifras. La realidad es que ningún Gobierno central ha hecho jamás esa inversión.

La norma sobre Dependencia no compromete al Gobierno a cofinanciar al 50% el sistema, aunque sí estipula la colaboración entre Estado y Autonomías pero sin registrar unos mínimos o máximos para invertir. Alcanzar la mitad de la financiación fue un compromiso político adquirido por el Ministerio cuando lo regentaba Ione Belarra (y que aún aspira a alcanzar la cartera de Bustinduy), que aumentó notablemente las partidas presupuestarias que durante la etapa de Mariano Rajoy habían estado congeladas. Ahora, ese compromiso el PP lo considera una obligación pese a que no hay base legal para ello. Una exigencia que, además, nunca hicieron cuando Rajoy estaba en La Moncloa.

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EFE

El mantra de la derecha

El falso mantra ha sido reproducido por las tres consejerías del País Valencià, Galicia y Comunidad de Madrid casi con las mismas palabras: "Que el Gobierno de España cumpla su obligación de financiar el 50% del sistema", aseguraba recientemente el Gobierno de Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana en una nota de prensa. El Ejecutivo de Ayuso denunciaba el "incumplimiento" de la norma y desde Galicia sostenían que el Ministerio de Bustinduy está "obligado" a llegar al 50% de la financiación.

Actualmente, el Gobierno central abona de media el 27% de la financiación para la Dependencia en las comunidades autónomas. Desde el Ministerio explican a Público que ese dato, correspondiente a 2024, "será un porcentaje superior" en 2025 "gracias a la aportación extraordinaria el otoño pasado para adecuar el sistema a las necesidades de los afectados por ELA y situaciones asimilables". Recuerdan además que "la aportación media ha subido once puntos desde 2020", el triple desde que Rajoy abandonó la Moncloa. "Cabe recordar que el Partido Popular trajo un recorte total para el sistema de 5.400 millones de euros".

Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat valenciana; Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade en Galicia, y Ana Dávila-Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, han sido las encargadas de dirigirse a Bustinduy. 

El ministro ha intentado frenar la bola de nieve a través de respuestas contundentes. En la carta que sirvió de respuesta a la consejera de Ayuso, le recordaba cómo entre 2012 y 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se "congeló su aportación al sistema y suprimió completamente el nivel acordado, contrayendo en definitiva la inversión en dependencia mientras aumentaba la demanda", según el escrito al que ha tenido acceso Público. Y en la misiva enviada a la consejera Albalat, recordaba que "como bien sabe", esa petición no tiene base legal.