La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, no aclaró hoy las dudas sobre el recorrido de la medida, anunciada el miércoles, por la que tanto los particulares como las empresas que tengan pisos por vender y dificultades para encontrar comprador podrán convertirlos en vivienda protegida. La "limitación" de precio (la VPO se vende casi a la mitad que la libre) "se compensa con garantías de financiación", aseguró Corredor.

Además de financiación garantizada y reforzada con una línea ICO que lleva unos meses en marcha, estos nuevos pisos protegidos tendrán "demanda asegurada a través de los registros de demandantes" de VPO que muchas autonomías aún están creando. Si un particular o una empresa solicita recalificar un piso como VPO y, en vez de venderlo, lo pone en alquiler, podrá acceder a las hipotecas de condiciones especiales del Plan de Vivienda, según explica el Ministerio.

Corredor recordó hoy, durante el desayuno informativo organizado por Europa Press, que los pisos tendrán que cumplir la superficie máxima (90 metros cuadrados) y un tope de precio que, en los casos más caros de grandes capitales, puede rondar los 230.000 euros.

Los promotores, que ya tenían abierta esta opción desde 2008, la califican como positiva para reactivar el mercado, pero "si no hay respuesta de las entidades financieras, podría no tener la eficacia deseada", señaló Juan Lazcano, presidente de la CNC, patronal constructora que engloba a las inmobiliarias.

En principio, además de los particulares, los bancos y cajas que tengan una bolsa de pisos por vender podrán beneficiarse de esta medida. Aunque las grandes entidades ya tienen filial promotora y podían haberse acogido ya a ella. También podría ser interesante para pequeños inversores con cartera de pisos. Falta por ver cuántos particulares querrán vender su vivienda a menor precio, salvo en autonomías como Extremadura, donde la diferencia de libre a VPO es mínima.