Este artículo se publicó hace 12 años.
Los ecologistas buscan apoyo europeo contra el proyecto urbanístico de Valdevaqueros
Recurrirán ante la Fiscalía Anticorrupción y la UE el plan que pretende construir un complejo urbanístico de lujo en la playa virgen
Juan José Téllez
El entorno de Valdevaqueros, la milagrosa playa de Tarifa a los pies de una formidable duna móvil, sigue en peligro. Un proyecto urbanístico sin precedentes en la zona puede condicionar para siempre la supervivencia de ese paisaje, a caballo entre los parques naturales, el del Estrecho y el de Los Alcornocales. La pasada semana, el Parlamento de Andalucía no pudo exigir al gobierno autonómico la paralización de esa iniciativa empresarial que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y al que la Junta de Andalucía no había puesto demasiados peros hasta que la noticia corrió de un lado a otro del país, con ribetes de escándalo y de atentado al medio ambiente.
Así, la pasada semana y a propuesta de Izquierda Unida en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz, tanto dicha formación como el PSOE y el PP, respaldaron una iniciativa en aras de reclamar al ejecutivo que preside José Antonio Griñán que preservase dicho espacio natural. Sin embargo, sus señorías no dijeron como. Con "cuantos medios legales tenga a su alcance", añadió el PP a título de enmienda para evitar que supuestamente la Cámara incurriese en prevaricación. Desde el punto de vista legal, no se puede paralizar desde una administración un proyecto urbanístico que en principio parece cumplir con todas las de la ley y que ha sido aprobado, hasta ahora, por instancias municipales, a través de un plan parcial recientemente aceptado con los votos del PP y PSOE. Hasta el momento, ni los servicios centrales de la consejería de Medio Ambiente, que hoy incluye también las competencias de Agricultura y Pesca, ni la delegación provincial de la misma, habían puesto reparos a estos ladrillos en el aire. Quizá porque la tramitación inicial fue durante el último mandato socialista en el Ayuntamiento tarifeño.
"Dicen que es legal porque se ha aprobado en un pleno del Ayuntamiento. Legal o ilegal puede ser en cuanto quieran. La única esperanza que tenemos es la Unión Europea y que, desde instancias comunitarias, obliguen a una adaptación del PGOU, ya que en su día, para articular este disparate, no contemplaron el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que implicaba un 40 por ciento de reducción del volumen a construir", rebatió a Público.es Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, una organización afecta a Ecologistas en Acción.
Muñoz, junto con otros promotores de la plataforma Salvar a Valdevaqueros, se personaron el pasado lunes ante la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía que, tras entrevistarse con ellos, abrió una queja de oficio sobre este particular. Los conservacionistas pretenden la revisión global del Plan General de Ordenación Urbana que diseñara el prestigioso arquitecto andaluz Manuel González Fustegueras. El planeamiento, hoy por hoy y al menos sobre el papel, permite la construcción del hotel y de las viviendas de lujo que se pretende levantar al otro lado de la carretera, hasta un total de 1.423 camas de hotel y 350 nuevas residencias.
Otra de las vías de protesta que emprenderán próximamente las plataformas pasa por la Fiscalía AnticorrupciónOtra de las vías de protesta que emprenderán próximamente las plataformas que se oponen a esta aventura inmobiliaria pasa por la Fiscalía Anticorrupción. También organizaciones como Greenpeace o Equo se han manifestado en términos similares. Y así lo ha hecho saber, a su vez, Agaden o World Wide Fund for Nature (WWF), cuyos responsables aseguran que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no puede inhibirse de este asunto y que la Junta tendría que paralizar el proyecto, "aunque fuese el Partido Socialista quien lo impulsara en primera instancia, y no volver a cometer los errores del pasado". Tanto esta como otras organizaciones entienden que el proyecto se relaciona con los viejos tiempos de la burbuja inmobiliaria y en "una planificación desfasada que no tiene ningún sentido en la situación económica actual".
Más allá del polémico caso del hotel El Algarrobico, en Cabo de Gata, los conservacionistas relacionan esta propuesta tarifeña con las de El Palmar, en la misma costa gaditana, en el término de Vejer de la Frontera y a manos del mismo grupo empresarial, así como los proyectos de Marina de Cope, en Águilas (Murcia); o Es Trenc, en Campos (Mallorca). Se trata de "ejemplos de la huida hacia delante del sector inmobiliario para salir de la crisis destruyendo los últimos reductos vírgenes del litoral español". En el caso de Tarifa, se tratará de edificar sobre 80.000 metros respecto a una parcela de 800.000. Al frente de la junta de compensación, figura el grupo inmobiliario GMT, al que representa el empresario Juan Leocadio Muñoz Tamara, quien solo o en compañía de otros llegó a ser acusado por cohecho en sendos proyectos, el de Alhendín en Granada y el de Bahía Luz en San Roque. En Tarifa, hasta ahora se ha movido con pies de plomo, aunque no ha podido evitar que los denunciantes de su macroproyecto saquen a colación el nombre de su esposa, la comunicadora Ana Rosa Quintana, que se ha visto inopinadamente envuelta en esta controversia.
La zona colindante a dicha actuación se encuentra declarada como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco. Y tampoco falta quien cuestione si los estudios que permitieron el planeamiento inicial de 1991 siguen vigentes y no han prescrito, tras la incorporación de dicho paraje a la Red Natura 2000 creado por la Unión Europea para dar protección a especies en peligro de extinción y a la creación del Parque Natural del Estrecho en 2003.
La zona colindante se encuentra declarada como Reserva de la Biosfera por parte de la UnescoDe entrada, esta polémica ha tenido entrada en Europa, al menos por dos vías, la de Equo a través del grupo de Los Verdes para que el asunto entre en los debates de la eurocámara mientras que el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha instado ya al Comisario Europeo de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, a investigar el proyecto. La Comisión Europea estudia ya otra denuncia presentada en su día por Verdemar-Ecologistas en Acción por posibles infracciones a la 'Directiva Hábitats' en el Parque Natural del Estrecho, concretamente en la playa de Los Lances y esa misma duna móvil de Valdevaqueros, dado que, a su juicio, las autoridades andaluzas y españolas no protegerían adecuadamente dicho paraje.
Con el complejo hotelero y residencial, llovería pues sobre mojado: "No sólo afecta al medio ambiente. Pretenden destruir el modelo de turismo sostenible que ha dado empleo, dinero y sentido a Tarifa en los últimos treinta años", asegura Inmaculada Nieto, diputada de Izquierda Unida y portavoz de dicha coalición en el debate que se llevó a efecto en la Comisión de Medio Ambiente de la cámara autonómica.
Un proyecto "blando" y "sostenible", según el alcalde del PPNo piensa lo mismo el Ayuntamiento de Tarifa, que ahora preside Juan Andrés Gil desde las filas del PP, tras haber pasado por el andalucismo, Izquierda Unida y un partido localista cuyo acrónimo fue TAIP. A su juicio, el plan SL1 Valdevaqueros, responde a un modelo de desarrollo urbanístico al norte de la Carretera Nacional 340, "blando" y opción de "turismo sostenible". Tampoco dice que para llevarlo a cabo habrá que desdoblar necesariamente dicha calzada y habrá que encontrar agua donde sea. Otro misterio estriba en donde instalarán los emisarios submarinos y las depuradoras para tan repentina superpoblación en la zona.
Hace apenas dos años, ese mismo alcalde, cuando se encontraba en la oposición, también abanderaba la posibilidad de crear un macropuerto en Tarifa para dar cabida a los cuatro millones de pasajeros que cada año cruzan el Estrecho, fundamentalmente desde Algeciras. También entonces contó con el apoyo del PSOE local, pero el ministerio de Obras Públicas y el de Medio Ambiente frenaron finalmente aquel supuesto. Se ignora si por respeto a un paisaje y a una forma de vida tradicionales o por falta de fondos para acometer las obras.
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