El PP propondrá hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un aplazamiento de los pagos que las comunidades autónomas deben devolver al Estado que, hoy por hoy, ya existe. Lo que pretende el partido conservador es casi duplicar el plazo actual que tienen las autonomías para devolver los pagos que ya anticipó el Estado con el cálculo del nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en 2009. El Ministerio de Economía y Hacienda rechaza volver a alargar un plazo que ya se prolongó cuando se acordó el nuevo modelo, hace dos años.

El sistema acordado ya 'es generoso' y 'no hay razón' para volver a aplazar esas cantidades, señaló ayer el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, informa Europa Press. Economía no ve motivos para alargar aún más esas devoluciones, para las que las comunidades ya tienen un plazo de seis años, como apuntaron fuentes de ese departamento. El PP pide diez.

Sólo a cuenta de 2009, las CCAA deben devolver 18.736 millones

El periodo de seis años está establecido en la ley 22/2009, que regula el nuevo sistema de financiación de las autonomías. Según esta norma, si las comunidades, al final, tenían que devolver dinero adelantado por el Estado a cuenta en 2008 y en 2009 (como así ha sido), estas administraciones tendrían un año de carencia en el que no deberían abonar nada y, luego, otros cinco años de aplazamiento para ir pagándolo mes a mes. En total, 60 mensualidades, como lo dicta la disposición adicional cuarta de la citada norma, que fue consensuada por el Estado y todas las autonomías.

Para saber si el Estado ha transferido de más o de menos a una Administración autonómica, hay que esperar a que se haga la liquidación de cada ejercicio. Ayer, el Ministerio difundió los datos sobre la liquidación de 2009 y a las comunidades les sale a pagar 18.736 millones. Carbajo señaló que la causa no es un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino que se debe a una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior a lo que estaba previsto.

A estos casi 19.000 millones, se unen otros 5.502 millones, correspondientes a la liquidación de 2008, que también fue negativa, es decir, a pagar por las comunidades. Ya han empezado a abonar parte de esos 5.500 millones, pero están lejos de devolverlo todo. En total, deben al Estado más de 21.000 millones correspondientes a 2008 y 2009.

Los ingresos por impuestos para las autonomías cayeron más de lo previsto

Estas devoluciones no afectan al cumplimiento del déficit global (debe bajar del 9% al 6% este año y al 3% en 2013) porque son pagos que ya están recogidos en la contabilidad nacional consolidada. Otra cosa es que, en términos de caja, es decir, en dinero disponible físicamente, sí supone que el Estado deja de tener ese dinero año a año, hasta que lo vayan devolviendo las comunidades íntegramente.

Si bien, tener que devolver las cantidades ya transferidas por el Estado pone en un aprieto a algunas autonomías, que van a tener que apretarse el cinturón más que otras para poder mostrar este año un déficit conjunto (desfase entre ingresos y gastos) del 1,3% sobre el PIB. Este es el tope individual para CCAA dentro del déficit global exigido a todas las administraciones del Estado.

El Estado, por ley, no puede avalar la deuda autonómica, como pide el PP

Las agencias de rating, en su presión contra España, dudan del cumplimiento de este tope por parte de las autonomías. La última ha sido Standard & Poor's, que cree que el Gobierno acudiría finalmente en auxilio de alguna comunidad con problemas. En su último informe, señala que 'dudamos que el Gobierno permita que la liquidez de una región se deteriore hasta el punto de provocar dificultades financieras serias'. Y sugiere que algunas comunidades no harían esfuerzos extra porque creen que el Estado saldría en su ayuda.

Otra de las propuestas que hoy quiere poner el PP sobre la mesa es que el Estado avale las emisiones de deuda de las autonomías. Esta es una vía que ya han utilizado muchas comunidades para financiarse en los mercados en un momento en el que necesitan más liquidez. Pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se aprobó primero en 2001, con el PP, y luego en 2007 (un texto refundido), no permiteque el Estado sea avalista de las comunidades.

Hoy, el Gobierno propondrá a las autonomías que asuman una regla de gasto ligada al crecimiento medio del PIB nacional durante un ciclo de nueve años, una norma que permitirá una mayor estabilidad en el déficit cuando la economía recupere un buen ritmo de crecimiento.