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Economía rectifica y no tocará el acuerdo salarial de los funcionarios

Las vicepresidentas De la Vega y Salgado contradicen al secretario de Estado de Hacienda, que abrió ayer la posibilidad de revisarlo

PUBLICO. ES / AGENCIAS

Economía da marcha atrás con la idea de revisar los acuerdos salariales con los funcionarios. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró hoy que el Gobierno no tocará los salarios de los funcionarios para lograr la reducción del 4% del gasto en personal público hasta 2013 previsto en el plan de austeridad, y garantizó que con la reducción de la oferta pública de empleo sería suficiente.

En rueda de prensa después de la primera reunión de la comisión nombrada por el Gobierno para alcanzar acuerdos económicos con todas las fuerzas políticas, y flanqueada por los ministros de Fomento, José Blanco, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, Salgado aseguró que dicho ahorro del 4% se conseguiría 'simplemente' centrándose en la tasa de reposición.

'Nada que se refiera a las retribuciones. El acuerdo salarial con los sindicatos se va a respetar absolutamente', añadió Salgado para calmar los ánimos de los funcionarios, que actualmente se rigen por un acuerdo trianual con vigencia hasta 2012, que prevé un incremento de los sueldos del 0,3% para este año.

Según explicó la ministra de Economía y Hacienda, la reducción del gasto en personal público se refiere a un capítulo entero, 'que no de las retribuciones'. Así, no cubrir ninguna de las plazas de los funcionarios que van a jubilarse supondría una reducción del 7% del personal hasta 2013, argumentó, para demostrar que dicha medida ya sería suficiente.

Así pues, Salgado indicó que las ofertas públicas de empleo 'pueden ser algo más reducidas en los próximos años', de forma que todos los ahorros se van a producir por la vía de la 'moderación' de la tasa de reposición'. 'Vamos a ser capaces', sentenció.

 

Lo que si confirmó la vicepresidenta segunda del Gobierno es que 'el Gobierno va a hacer el máximo esfuerzo de racionalización de su propio sector', lo que incluirá 'una reducción importante del número de empresas públicas'. Los detalles se presentarán en el mes de marzo en el marco del plan correspondiente.

 

Según precisó, 'puede haber empresas con actividades conexas que puedan fusionarse en una única' en un esfuerzo de 'concentración', lo que permitiría abrir una vía de ahorro en el seno de la Administación General del Estado. Por otro lado, la ministra de Economía pidió 'el mismo esfuerzo' tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos.

Preguntada por la posibilidad de suprimir ministerios, Salgado afirmó que, aunque 'lo importante son las políticas', ello supondría un 'gesto a la galería que no tendría mayor utilidad' y que el Gobierno sólo se plantea un 'proceso importante de reestructuración' del sector público.

De la Vega tranquiliza a los sindicatos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha telefoneado personalmente a los sindicatos de la Función Pública CC.OO., UGT y CSI-CSIF para garantizarles que el Ejecutivo cumplirá el acuerdo que firmó con ellos en septiembre del año pasado, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

La llamada de De la Vega a los sindicatos se produce después de que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, dijera ayer que 'está sobre la mesa' la revisión del acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia confirmaron a Europa Press que el Departamento ha contactado con los tres sindicatos para asegurar que se va a cumplir el acuerdo, y declinaron comentar las palabras de Ocaña.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos contemplaba una subida salarial del 0,3% para 2010 y dejaba abiertos a la negociación los incrementos retributivos de 2011 y 2012.

El acuerdo incluía por primera vez en la Administración del Estado una cláusula de revisión salarial por la que la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios si ésta se produjera.

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