Este artículo se publicó hace 16 años.
Ecuador habría aprobado la Carta Magna socialista, según sondeos
Una amplia mayoría de ecuatorianos habría aprobado el domingo en un referéndum una nueva Constitución, según sondeos, lo que daría grandes poderes al presidente Rafael Correa para acelerar sus reformas socialistas.
Encuestas a pie de urna y un recuento rápido apuntaban a un abrumador apoyo a la Carta Magna, que otorga al mandatario un amplio control sobre la economía y aumenta su influencia sobre instituciones clave como los tribunales judiciales y el Ejército.
"Hoy el Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras han sido derrotadas", dijo Correa desde una tarima en la ciudad de Guayaquil, feudo electoral de la oposición, desde donde se adjudicó un triunfo "histórico".
A su alrededor, centenares de eufóricos seguidores cantaban, ondeaban banderas nacionales y aplaudían a su líder.
"Ahora sí comienza el cambio. Correa es el único presidente que va a cambiar este país", dijo William Pauta, un comerciante de 40 años que participaba de la celebración.
Según dos encuestas, la nueva Constitución habría obtenido entre un 66 por ciento y un 70 por ciento de los sufragios, lo que marcaría un histórico giro a la izquierda en el socio más pequeño de OPEP, pese al rechazo de la Iglesia Católica, gremios empresariales y una debilitada oposición.
Un recuento rápido no oficial estimó los votos por el "Sí" en casi el 65 por ciento, aunque las primeras cifras del tribunal electoral se conocerán más tarde.
La nueva Constitución abre la puerta a la reelección de Correa por dos nuevos períodos consecutivos, lo que enardeció a los desorganizados adversarios del Gobierno, que carecen de un líder nacional que los aglutine para enfrentarse a Correa.
El rechazo al texto habría sumado entre un 30 y un 35 por ciento, sumando los votos en contra, blancos y nulos, según los sondeos, uno de los cuales fue encargado por el Gobierno.
ECONOMÍA, EN MANOS PRESIDENCIALES
Con la victoria, el carismático gobernante afianzaría su estabilidad al frente del inestable país de 14 millones de habitantes, que ha visto caer a tres presidentes en la última década en medio de violentas protestas populares.
La nueva Carta Magna elimina la independencia del Banco Central, y deja la política monetaria, cambiaria y fiscal en manos exclusivas del presidente, quien además tendrá autoridad de disolver el legislativo y convocar elecciones.
Además, según el Poder Ejecutivo, la nueva Carta Magna promoverá una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, y asegura sustanciales incrementos en partidas sociales destinadas a educación y salud.
Su proyecto constitucional prohíbe el latifundio y permite la expropiación de tierras ociosas, cuya explotación sería destinada a sectores excluidos, como los indígenas.
La oposición denuncia que la Constitución consagra un "peligroso hiperpresidencialismo", en tanto que la Iglesia la considera "abortista" y "contra la familia" porque establece que las familias "tienen derecho a decidir cuántos hijos tener" y permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Además, los adversarios del ex profesor universitario advierten que el texto otorga atribuciones excesivas a un líder que consideran "dictatorial" y al que acusan de seguir los pasos radicales de su aliado venezolano, Hugo Chávez.
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