El último curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) podría dividirse en dos perfiles, uno más orientado hacia el Bachillerato y otro hacia la Formación Profesional, según una de las propuestas del Ministerio de Educación para la reforma de la enseñanza en España.

Esta es una de las 104 iniciativas que aparecen en el borrador del documento "Propuestas para un pacto social y político para la Educación", presentado el miércoles por el ministro Ángel Gabilondo durante una reunión con los responsables del ramo de las comunidades autónomas, como germen de un debate para las próximas semanas que desemboque en un acuerdo de Estado.

Cuarto de la ESO, que se estudia con 16 años, sería un curso con carácter orientador y con dos perfiles para los estudios postobligatorios, organizado en dos opciones: una orientada hacia el Bachillerato y otra hacia la Formación Profesional. Esta elección no sería excluyente, puesto que al terminar cualquiera de los dos perfiles el alumno obtendría el título de Graduado y podría continuar sus estudios tanto en la FP como en Bachillerato.

"Lo que queremos es que prosigan en la formación, y que esa formación sea tan diversificada que puedan bien compatibilizarla con algún empleo, bien hacer formación profesional, bien hacer bachiller, pero aspiramos a un país, queremos vivir en un país, en el que en el año 2020 todos estén en proceso formativo de 0 a 18 años", explicó Gabilondo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Otra propuesta sería la de que en 6º de Primaria y en 3º de la ESO se realizara una evaluación a los alumnos que en el caso de los de 6º de Primaria permitiera a los centros organizar las medidas específicas para aquellos estudiantes que necesitaran reforzar el aprendizaje de algunas competencias básicas.

El ministro consideró que esta evaluación al final de la educación infantil permitiría además conocer el nivel de enseñanza del castellano en España, ante la reclamación del Partido Popular, que hace unos días presentó su propio paquete de medidas, en el que pidió que se incluya el derecho de enseñanza del y en español.

"En la información de la que disponemos en este momento en España, desde luego en todas las comunidades autónomas, se conoce el español, existe el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, y desde ese punto de vista, al menos en este momento, no consideramos que en un pacto sea imprescindible (incluir esta propuesta)", agregó el ministro.

Una de las primeras reacciones de los 'populares' fue de Lucía Figar, consejera de educación de la Comunidad de Madrid.

"Hay cuestiones que nos han gustado, y unas cuestiones, como en el de las libertades educativas, que es un principio importante para el Partido Popular, seguro que se puede hacer un mayor esfuerzo, tanto en la cuestión lingüística como en lo que se refiere a la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias", dijo a los periodistas.

Gabilondo espera acabar con la inestabilidad en las leyes educativas, puesto que cada gobierno ha elaborado una diferente, para lo que propone que el Pacto Social y Político por la Educación precise una mayoría de dos tercios en el Parlamento, lo que requeriría el acuerdo de los dos partidos mayoritarios.