EEUU anuncia que el pacto antipiratería podría firmarse en 2009

Una propuesta de acuerdo internacional para regir el gran mercado internacional de productos falsos y pirateados podría entrar en vigor en 2009, según dijo el viernes un funcionario de comercio de Estados Unidos.

"Creo que hay buenas perspectivas de que pueda entrar en vigor el año que viene. Desde luego, es algo con lo que pediremos avances a la nueva Administración", dijo el vicerepresentante de comercio de EEUU, John Veroneau, hablando en la Universidad de derecho George Washington.

Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros diez países han celebrado varias rondas de conversaciones en torno a esta propuesta, y se espera que vuelvan a reunirse a mediados de diciembre.

El acuerdo ha despertado tanta preocupación entre los defensores de los derechos digitales que la Administración Bush celebró una audiencia pública en septiembre para acabar con los temores sobre que se pedirá a los funcionarios de aduanas que registren ordenadores portátiles y reproductores de música en busca de descargas ilegales.

También las empresas estadounidenses de entretenimiento como Google, el mayor buscador online del mundo y propietario de la popular página de vídeos YouTube, han expresado sus dudas sobre que Internet deba incluirse en el acuerdo.

Las autoridades comerciales del país esperan terminar este año las negociaciones sobre el Acuerdo de Comercio Anti Falsificación (ACTA, en sus siglas en inglés), aunque advierten que no firmaran un acuerdo que no les convenza para cumplir con ese límite.

"Estamos trabajando duro para cumplir nuestros objetivos para el ACTA. Un objetivo muy importante ha sido siempre asegurar que el ACTA es un acuerdo de gran calidad", afirmó Scott Elmore, portavoz de la oficina estadounidense del representante de comercio.

La propuesta es uno de los muchos proyectos comerciales que la próxima administración del presidente electo, Barack Obama, tendrá que evaluar cuando asuma sus funciones en enero.

La Administración Bush afirma que el acuerdo, a diferencia de los pactos de libre comercio que ha negociado, no tendría que ser aprobado por el Congreso porque es un acuerdo ejecutivo.