EEUU apelará la retirada de cargos contra Blackwater por Irak

El Gobierno estadounidense apelará una decisión judicial de desestimar los cargos contra unos guardias de seguridad de Blackwater, acusados de matar a 14 civiles iraquíes en 2007, dijo el sábado el vicepresidente estadounidense Joe Biden.

Un tribunal federal estadounidense halló el mes pasado que los derechos constitucionales de los defendidos habían sido violados, fallo que provocó la ira de muchos iraquíes.

El Gobierno del primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, contrató abogados estadounidenses para preparar una demanda contra Blackwater, una empresa de seguridad cuyo nombre actual es Xe Services.

Junto al presidente iraquí, Yalal Talabani, en una conferencia de prensa en Bagdad, Biden expresó "arrepentimiento personal" por la violencia en Bagdad cuando guardias de Blackwater fueron acusados de abrir fuego contra civiles inocentes.

Los guardias dijeron que dispararon en defensa propia durante el incidente, ocurrido durante uno de los hechos de violencia sectaria más nefastos en Irak.

"Estados Unidos está decidido, decidido a hacer responsable a cualquiera que cometa crímenes contra el pueblo iraquí", declaró Biden.

"Aunque respetamos completamente la independencia e integridad del sistema judicial estadounidense, nos decepcionó la decisión del juez de desestimar la acusación, que se basó en la forma en que se obtuvo parte de la evidencia", comentó.

El Departamento de Justicia estadounidense presentará la apelación la próxima semana, anunció el vicepresidente.

El incidente simbolizó para los iraquíes lo que veían como el desprecio de los extranjeros por sus vidas, después de que los guardias privados que protegían al personal estadounidense obtuvieran la inmunidad ante juicios en Irak, tras la invasión guiada por Estados Unidos en marzo de 2003.

También puso en entredicho el uso estadounidense de las empresas de seguridad privada en Irak.

Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos han llamado a Irak y Estados Unidos a asegurar que el caso sea juzgado, diciendo que subraya la necesidad de una supervisión fidedigna de las empresas de seguridad que trabajan para Gobiernos en zonas de guerra.