EEUU temía un golpe de Estado militar cinco años antes del 23-F

1976 fue, posiblemente, uno de los años de mayor interés en Estados Unidos sobre los acontecimientos políticos españoles. En las etapas precedentes su injerencia en los asuntos de gobierno y en la vida social en general fue mínima. Pero con Franco ya fallecido, Washington miraba con lupa cada movimiento. Sólo en 1976 la embajada estadounidense en Madrid dedicó cientos de cables a describir minuciosamente personajes de la época, manifestaciones, protestas, artículos de prensa, grupos políticos y tendencias ideológicas. El enviado de Kissinger en España, Wells Stabler, se entrevistó asiduamente con figuras relevantes del Estado, la Iglesia y las diferentes asociaciones políticas. Su contacto con el rey, convertido en el mejor confidente del país norteamericano, fue constante.

Todo con un fin que EEUU había marcado como el primer objetivo en la lista de sus relaciones bilaterales con nuestro país: hacer de España un aliado formal de Occidente con su incorporación a la OTAN y a la Comunidad Europea para asegurarse el acceso al Mediterráneo.  Así se desprende de un extenso informe confidencial enviado por el embajador a la Secretaría de Estado en marzo de 1976 y que forma parte de los 1,7 millones de cables desclasificados de Kissinger compilados por Wikileaks a los que Público ha tenido acceso.

EEUU necesitaba que España fuera democrática para que pudiera entrar en la OTAN

Que España se convirtiera en una democracia era un paso imprescindible para ser aceptado por el resto de naciones de la Alianza Atlántica, que hasta ese entonces había mostrado una fuerte resistencia a contar entre sus aliados con un régimen dictatorial. EEUU lo sabía, y por eso puso todo su empeño en conocer los entresijos de la delicada situación política que vivía  el país y vigilar de cerca cualquier síntoma, por pequeño que fuera, de desestabilización. Lejos de lo que podría imaginarse a priori, los peores temores de Washington no venían del Partido Comunista, sino de los sectores ultraderechistas del Ejército, sobre los que EEUU siempre mantuvo ciertas sospechas.

El 1 de marzo de 1976, Stabler redactó un cable confidencial bajo el asunto ‘Actitud del Ejército frente a la evolución política' en el que relata una conversación mantenida días antes con el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza. En ella, el diplomático no dudó en preguntarle sobre "ciertos miembros de la jerarquía superior del Ejército que, preocupados por el desarrollo político, han advertido a Fraga de que detenga su programa político". Areilza contestó que "había ciertos mandos de alto rango que no estaban entusiasmados con el cambio y a los que les gustaría ir más despacio". En concreto, el ministro mencionó al teniente general Álvarez-Arenas (en aquel momento ministro del Ejército) y al capitán general Miláns del Bosch, quien en 1981 sería condenado a 30 años de cárcel y expulsado del ejército por su implicación en el golpe de Estado fallido del 23-F.

"La probabilidad de una acción militar sigue siendo un peligro potencial si la cosa empeora", escribió Stabler

"Al mismo tiempo me aseguró que no había fundamento para los rumores sobre un posible golpe de Estado por parte de los militares. Se mostró convencido de que si el rey ordenara a un militar de alto rango ser transferido de Madrid porque habla demasiado, el oficial se iría y no pasaría nada, ni siquiera sus ayudantes le seguirían", escribe a continuación Stabler.

Pero la situación era mucho más convulsa de lo que el Gobierno estimaba o quería hacer ver. Mientras ciertos movimientos en el Gobierno apuntaban hacia la celebración de un referéndum que debía traer reformas políticas y la posibilidad de legalizar al Partido Comunista sobrevolaba el debate público, los más nostálgicos del régimen franquista endurecían su discurso hasta generar una amenaza real.

En un encuentro con Antonio Cortina, gerente general del Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA), la empresa de estudios políticos creada en 1974 "para apoyar a Fraga", este reconoció ante el embajador que "si bien el principal problema del Ejército proviene de sus líderes mayores y conservadores, era necesario hacer un esfuerzo real para inculcar el apoyo a la reforma democrática por parte de los sectores jóvenes porque, de otro modo, podrían radicalizarse", tal y como relata Stabler en un cable confidencial a la Secretaría de Estado, a varias embajadas en otros países y a la misión de EEUU en la OTAN el 6 de abril.

"Si la situación empeora, las Fuerzas Armadas tendrán que dar el paso como en Argentina", transmitió Serrats

Tan sólo unos días antes, el 1 de abril de 1976, saltó la primera alarma cuando el vicepresidente de la agrupación franquista ‘Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales' (ANEPA), Salvador Serrats, comunicó al embajador en una visita que "si la situación empeora, las Fuerzas Armadas que se resisten a entrar en política tendrán finalmente que dar un paso como lo hicieron en Argentina". Hacía apenas una semana que en el país sudamericano se había impuesto una dictadura militar tras el golpe de Estado del 24 de marzo.

El comentario, recogido en un cable confidencial del 9 de abril, rápidamente provocó la reacción de Stabler, que en el mismo texto redactó: "Nuestros análisis previos se mantienen. El Ejército, a pesar de la avanzada edad y el conservadurismo de sus líderes, no está unido en cuestiones de esta magnitud y sería muy reacio a arriesgarse en tomar una acción directa sin saber dónde les va a llevar. El espectro de una acción militar directa puede ser útil para ellos (en referencia a ANEPA) en sus relaciones con el Gobierno, pero no pensamos que Serrats y otros elementos de inteligencia del régimen defiendan tal acción. La probabilidad de una acción militar sigue siendo, como hasta ahora, un peligro potencial si la situación empeora fuertemente. Su único defensor seguro ahora es un extremista como Blas Piñar".

El presidente de 'Fuerza Nueva', el ultraderechista Blas Piñar, en un discurso en Valladolid en 1975 (EFE/ Archivo)                                  

Ya con Adolfo Suárez en el poder, un hecho irritó a los sectores más radicales de la derecha y volvió a poner a los militares en el punto de mira de Washington. En septiembre, el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, el general Fernández de Santiago, fue eliminado de su cargo tras sus críticas a algunas de las reformas que se estaban tomando desde el Ejecutivo. Pese a que la prensa reportó que De Santiago había decidido renunciar, el por entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia, Alfonso Osorio, confesó al embajador estadounidense en Madrid que fue Suárez quien le pidió que se fuera.

En un cable reportado el 20 de octubre al secretario de Estado Henry Kissinger, Stabler trasmite que el hecho generó fuertes reacciones dentro de la institución: "El ultraderechista y ex director general de la Guardia Civil, el general Iniesta Cano, ha ejercido una fuerte presión sobre los ministros de los tres servicios del Ejército para que se solidarizaran. Esto provocó que el ministro de Defensa, con el consenso del presidente del Gobierno, convocara rápidamente una reunión de los altos mandos del Ejército para iniciar los procesos de retirada contra ambos, De Santiago e Iniesta Cano".

La tensión alcanzó su cúspide cuando De Santiago fue destituido del cargo de vicepresidente de la Defensa

Stabler se hace eco también, en uno de sus documentos enviados a EEUU, de la revista "de extrema derecha" Fuerza Nueva, que en uno de sus editoriales reacciona a la noticia haciendo un llamamiento abierto a un golpe de Estado militar. "El editorial, citando entre otras la "destrucción libertina del régimen nacido de una cruzada", "la tolerancia oficial a una bandera separatista", "la tolerancia a partidos que traen sólo la ruina de la nación", la "tolerancia a la degradación de las costumbres (blasfemia, pornografía, drogas, etc.)" y el hecho sin precedentes de la vergonzosa humillación ante el Mercado Común, el Consejo de Europa o cualquier político extranjero, refleja las preocupaciones esenciales de la extrema derecha y el hecho de que estos grupos miren a los militares para prevenir lo que ellos consideran excesos, está ya bien establecido.", señala.

Ante la alerta, Estados Unidos consultó incluso con monseñor Martín Patino, por aquel entonces vicario general de la diócesis de Madrid y "asesor principal en cuestiones de política" del cardenal de Madrid Tarancón, sobre la "posibilidad real de que exista un peligro de golpe de Estado", como se transmite en un cable fechado el 2 de octubre de 1976 . Martín Patino respondió que "no veía un peligro inmediato, pero que sentía que, en particular "la calle", podría forzar al país en esa dirección. Quizá lo más probable es que, si Suárez tuviera que renunciar, fuera remplazado por Gutiérrez Mellado, pero que él mismo no compartía las teorías idílicas de algunos frentes de la oposición que creían que se podía confiar en los militares para traer un sistema democrático estable a España mientras que los civiles habían fracasado".

El embajador se hizo eco de un editorial de Fuerza Nueva que llamaba abiertamente a un golpe de Estado

Aunque el golpe de Estado no se perpetró hasta cinco años después por algunos de los personajes que ya aparecían como sospechosos en los cables en 1976, EEUU conocía el potencial y los peligros de una ultraderecha franquista reacia a las libertades y principios democráticos.

"No obstante, los organizadores tienen suficiente dinero, presuntamente procedente de amigos ricos (y hay un reporte sobre la asistencia chilena) para participar en una costosa campaña para empapelar Madrid con folletos y carteles y traer gente desde el exterior. Sobre todo, teniendo en cuenta que Madrid nunca ha sido una ciudad pro Franco", relata un cable desde Madrid a Washington el 19 de noviembre ante las celebraciones de la ultraderecha previstas para el primer aniversario de la muerte del dictador. "La concentración será vista, cuando termine, como el último intento de la extrema derecha por demostrar su fuerte oposición a las reformas", añade.