EHAK dice que se usa el "espionaje" para su ilegalización porque no hay pruebas

El PCTV-EHAK ha denunciado hoy que la Fiscalía ha utilizado el "espionaje político" para promover la ilegalización de este partido, ante la "falta de pruebas" para ello.

La portavoz del grupo de EHAK en el Parlamento Vasco, Nekane Erauskin, ha comparecido hoy ante los medios, acompañada de varios compañeros de grupo, así como de la abogada que les va a representar, Jone Goirizelaia, y del presidente del partido, Juan Carlos Ramos.

Erauskin ha asegurado que el proceso abierto para ilegalizar a su partido es un "escándalo", preguntándose "qué pruebas más escasas tienen cuando utilizan nuestras conversaciones con los asesores jurídicos para ilegalizar un partido".

Ha señalado que "han realizado espionaje político", en relación a las conversaciones entre el asesor del grupo, Peio Gálvez, su representante legal, Jone Goirizelaia, y el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Juan José Petrikorena.

En este sentido, ha justificado estas llamadas y ha dicho que su grupo ya anunció cuando comenzó su trabajo que iba a estar en contacto con todos los agentes sociales y políticos.

Además, ha avanzado que se van a poner en contacto con todos los grupos, con la presidenta de la Cámara vasca, Izaskun Bilbao, y con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para pedirles un posicionamiento en torno a esta cuestión.

Por su parte, Goirizelaia ha incidido en que "no hay ninguna actuación delictiva, ni ninguna prueba" para ilegalizar a EHAK, y ha asegurado que este proceso responde a una "decisión política que se ha revestido jurídicamente para que EHAK no esté en las elecciones".

"Si el Tribunal Supremo acepta la petición de la Fiscalía en los términos en los que está hecha estaríamos hablando de la muerte civil y política de EHAK y del grupo parlamentario", ha manifestado.

Ha denunciado que ni el partido, ni el grupo ni su defensa conoce la demanda de la Fiscalía, salvo a través de las "filtraciones" a los medios de comunicación, mediante las cuales "se está creando una alarma social artificial para obligar a los jueces a tomar una decisión".

Goirizelaia también ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernandez de la Vega de, a través de sus declaraciones, "decir a los jueces cómo tienen que resolver este caso", y ha anunciado que van a emprender acciones legales en contra del intento de influir en las decisiones judiciales, aunque no ha avanzado los detalles de estas iniciativas.