El Ejercito colombiano mantiene una tenebrosa reputación

Los futuros socios del Ejército español en Afganistán tienen un siniestro historial en el respeto a los derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y organizaciones internacionales independientes como Human Rights Watch o el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han acusado a las Fuerzas Armadas y a la Policía de estar detrás de los asesinatos de 39 sindicalistas y políticos opositores al Gobierno de Álvaro Uribe registrados el pasado año.

Los temores de estas organizaciones han aumentando al comprobar que en los primeros siete meses de 2008 se han perpetrado 28 "ejecuciones extrajudiciales", la última de ellas la de un sindicalista desaparecido el 22 de abril en Bogotá y encontrado 84 días después en una fosa común en la ciudad de Ibagué, 160 kilómetros al sur de la capital. "Se ha detectado una complicidad de varias instituciones del Estado en esta desaparición", sostuvo Jorge Gómez, antiguo defensor del pueblo del convulsionado departamento del Magdalena Medio, "donde el 100% de las desapariciones forzadas quedan impunes".

Recuerdos para McCain

La visita que John McCain -un defensor de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia- realizó en julio a Bogotá, fue aprovechada por HRW para enviarle una carta recordándole que desde la llegada de Uribe al poder en 2002, se han producido "955 ejecuciones por parte de agentes del Estado y 235 desapariciones imputables a policías y militares". 

Pero estas cifras son, al menos para The Washington Post, la punta de un escalofriante iceberg. Un informe del propio diario estadounidense, con motivo del debate en el Congreso sobre la conveniencia de desbloquear la firma del TLC, revela que los fiscales trabajan en la investigación de más de 500 sumarios desde 2002 y que aún quedan por desempolvar otros 500.

Una comisión internacional de juristas, forenses y especialistas en derechos humanos, algunos de ellos españoles, también ha investigado las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre junio de 2002 y junio de 2007 y la conclusión es demoledora: los 955 asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad siguen impunes "y otros 670 se encuentran en fase de investigación por la Procuraduría General de la nación que, por el momento, sólo ha emitido 11 fallos disciplinarios", explica uno de los miembros de la comisión.   

Estas acusaciones de vulneración de los derechos humanos son el argumento esgrimido para censurar la multimillonaria ayuda militar de Washington a Bogotá -4.000 millones de dólares desde 2000- y el principal obstáculo para la aprobación del TLC que Uribe considera clave para asentar su proyecto liberal en América Latina frente al bolivariano del venezolano Hugo Chávez.

El escaso número condenas a policías y militares es otro motivo de crítica contra el Gobierno de Uribe. Según la Fiscalía colombiana, en 2003 se dictaron nueve sentencias inculpatorias, 11 en 2004, nueve en 2005 y otras 11 en 2006.

Sin embargo, el pasado año la cifra ascendió espectacularmente a 43. Aunque el diario Los Angeles Times difiere de la fiscalía al señalar que en este último año sólo se han dictado cuatro condenas, el incremento de sentencias inculpatorias responde, para HRW, a la presión ejercida por EEUU.

Unidad de fiscales

Esta exigencia sirvió a Bogotá para aceptar la creación de un equipo de fiscales destinada a acelerar la investigación. Aunque el Ministerio de Defensa ha anunciado la apertura de cursos humanitarios para soldados, la situación es grave.

En una reciente entrevista, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, asegura que los derechos humanos son "el talón de aquiles de las Fuerzas Armadas". Su forma de explicarlo es muy gráfica: "Tome un soldado con 14 años en la selva e invítele a trabajar de otra manera. Es un gran esfuerzo y, a veces, imposible".