El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó hoy las resoluciones que fijan las obligaciones de pago de las eléctricas por los derechos de emisión de CO2 que recibieron gratis en 2006 y 2007, que finalmente ascienden a 1.074,7 millones de euros.

Esta cantidad, que corresponde al Plan Nacional de Asignación 2005-2007, se destinará a reducir el déficit tarifario del año 2006, que se eleva a 3.046 millones, según la última liquidación de ese ejercicio de la CNE.

La decisión adoptada hoy por el organismo es consecuencia del Real Decreto-Ley 3/2006, que estipulaba que las empresas debían devolver las cantidades correspondientes a los derechos gratuitos de CO2 y estableció la obligación de realizar contratos bilaterales entre distribuidoras y generadoras del mismo grupo empresarial a un precio fijo.

En diciembre del año pasado el Gobierno aprobó otro Real Decreto-Ley que extiende al periodo 2008-2012 la obligación de devolver los derechos de CO2 gratuitos del nuevo Plan Nacional de Asignación.

Las eléctricas, a través de la patronal Unesa, han recurrido ante la Comisión Europea (CE) esta última norma al considerar que dificulta el cumplimiento de los objetivos de la política energética y medioambiental de la UE y vulnera dos directivas comunitarias, así como diversos principios generales del derecho comunitario.

Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto las compañías eléctricas tuvieron que internalizar el coste que supone emitir CO2.

El Gobierno les asignó una serie de derechos gratuitos mediante el Plan Nacional de Asignación, pero las compañías los contabilizaron como costes y repercutieron esos importes en las tarifas.

Al constatar este comportamiento, el Ministerio de Industria decidió que debían devolver las cantidades de los derechos gratuitos al considerar que los consumidores los habían pagado de forma indebida.

Por otro lado, el máximo órgano de la CNE ha acordado solicitar a Endesa y Red Eléctrica de España (REE) información sobre la deficiencia en el suministro ocurrida en la subestación de Motors (Barcelona) el 18 de septiembre de 2007.

El organismo ha enviado una carta a la Generalitat para solicitar su colaboración en el análisis del incidente.

Asimismo, la CNE ha acordado trasladar al Ministerio de Industria las numerosas reclamaciones de consumidores que ha recibido por los cambios introducidos en normativa que regula la tarifa nocturna.

El Consejo ha aprobado la metodología de cálculo que regula los flujos de pago de los derechos de cobro que se adjudiquen en las subastas del déficit de tarifa reconocido con carácter previo (ex ante) para establecer la evolución futura de la deuda a cobrar, lo que hará más atractivo acudir a las pujas.

La CNE declaró desierta la primera subasta de déficit ante la escasez de ofertas y por la falta de liquidez de los mercados.

Por último, el regulador energético aprobó el déficit de tarifa definitivo del sector del gas en el año 2003, que ascendió a 39,9 millones.