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Los empresarios de La Línea temen pérdidas en sus comercios por las colas en la frontera con Gibraltar

Los retrasos perjudican 'al diálogo, al consenso y a la buena vecindad a un lado y otro de la verja', según algunos de los afectados

PÚBLICO/AGENCIAS

El malestar por las incómodas colas generadas en la frontera entre España y Gibraltar está despertando una irritación creciente entre los habitantes de la zona. La espera, que puede dilatarse hasta tres horas, ha comenzado a afectar al comercio de La Línea, que han dejado de recibir a clientes gibraltareños.

Por ello, la asociación de pequeñas y medianas empresas Apymel de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha pedido este martes que se ponga 'punto y final' a toda la 'tensión' entre España y Gibraltar porque, según aseguran, el conflicto les está perjudicando 'notablemente' y recuerdan que la localidad gaditana 'depende en gran medida de Gibraltar, queramos o no'. Incluso la alcaldesa de la ciudad, Gemma Araujo, ha reunido a los comerciantes y empresarios que trabajan en Gibraltar para buscar una solución a estas colas interminables.

Fuentes de Apymel han indicado a Europa Press que 'las colas, tensiones y los episodios que se están viviendo en las últimas fechas están repercutiendo negativamente en nuestro sector'. Por ello, han apelado que 'al diálogo, al consenso y a la buena vecindad para que podamos estar tranquilos a un lado y otro de la verja'.

Así, dicen esperar 'un gesto' tanto del Gobierno de España, 'para que retire las colas', como del gibraltareño y así, desean que los pescadores puedan faenar 'sin problemas' tras la colocación de los bloques de hormigón en la mar por parte del gobierno de Fabián Picardo.

El caso ha llegado incluso a la Comisión Europea, que ha recibido este martes la queja formal de Gibraltar por las largas colas en la frontera con motivo de los controles impuestos por las autoridades españolas y la va a analizar, según han informado hoy a Efe fuentes comunitarias.

La carta del primer ministro adjunto gibraltareño, Joseph García, indicaba que, aunque España tiene derecho a verificar las personas y los bienes que cruzan la frontera, estos controles 'no deben interferir con el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE'.

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