Como hasta el momento ninguno de los tres poderes del Estado les ha aportado solución alguna a su demanda de "protección real" para las víctimas de violencia de género y para sus hijos, las mujeres de la asociación Ve-la Luz siguen adelante con su huelga de hambre, y estos últimos días han intensificado sus acciones de protesta. De las diez que dejaron de comer el pasado 15 de octubre, resisten seis. La última en abandonar el ayuno reivindicativo se desvaneció el pasado miércoles cuando se iba a trabajar, y la caída le provocó algunas lesiones leves, suficientes para obligarla a volver a alimentarse.

Al día siguiente, las activistas mantuvieron una reunión con la responsable de Igualdad de la Xunta, Susana López Abella, y otros dos altos cargos. El encuentro duró 25 minutos, porque los representantes del Gobierno gallego tenían otros compromisos, según relata Gloria Vázquez, presidenta de la asociación. En todo caso, ese tiempo les bastó para constatar que de esa parte no vendría ninguna iniciativa, y que desde el poder ejecutivo lanzaban la pelota al tejado de la Justicia. Así que decidieron ir a la sede de la máxima instancia judicial en la comunidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y encadenarse allí.

Acusan a la Fiscalía de dejación de funciones porque "debe perseguir el delito y no lo hace"

El presidente de la Alta Magistratura, Miguel Ángel Cadenas, les pidió que presentasen sus quejas por escrito, y les instó a abandonar la protesta, explica Gloria Vázquez. Tras acordonar toda la planta primera del edificio y ser amenazadas con la aplicación del protocolo antiterrorista, finalmente fueron desalojadas alrededor de las 13.30 horas. Salieron del señorial edificio del Palacio de Justicia, situado en el centro de A Coruña, con las manos tan vacías de soluciones como sus estómagos.

Para la activista de Ve-la Luz el "mal uso del circuito judicial" está en el centro de la "tortura total" a la que, a su juicio, están sometidas las víctimas de violencia machista. En este sentido, denuncia que las mujeres que se niegan a permitir que el presunto maltratador vea a sus hijos "son crujidas" económicamente a través de juicios de faltas. Se les imponen multas de entre 200 y 300 euros, lo que sumado a los honorarios del abogado puede suponer unos 800 euros mensuales.

En su opinión, la legislación actual contiene los elementos necesarios para garantizar la protección de las maltratadas y de los menores. El problema, expone Gloria Vázquez, radica en la interpretación, sesgada por la ideología patriarcal, que hacen los jueces. "Que un 64% de denuncias sobreseídas algo quiere decir: que no se mojan; tenemos expedientes con partes médicos que certifican los golpes y que acabaron archivados", sentencia. En esta línea, también critica a la Fiscalía, a la que acusa de dejación de funciones porque "debe perseguir el delito y no lo hace".

Tiene también palabras de reproche para los cuerpos policiales. De un lado, los policías suelen animar a la denuncia, esgrimiendo el "hazlo por tus hijos", pero luego se encuentran con las dificultades narradas para apartar a los críos del "foco de violencia". Por otra parte, sobre todo en localidades pequeñas, detectan una normalización de los malos tratos en la que participan los mismos agentes. "Te dicen que ya hablan ellos con él (el matratador), que ya lo meten en vereda, a la vieja usanza", cuenta.

Critican la normalización de los malos tratos que a veces se da entre los agentes de PolicíaEn cuanto a los partidos políticos, la presidenta de Ve-la Luz los juzga noqueados por sus planteamientos, "como si se llevasen un golpe". "No contaban con que las víctimas se juntasen y alzasen la voz", indica. En todo caso, el mismo jueves el PSdeG les hizo llegar una proposición no de ley que presentará en el Parlamento gallego y que recoge sus reivindicaciones básicas. La Cámara autonómica, además, abrirá una comisión de investigación para intentar dilucidar ese alto índice de denuncias sobreseídas, que en Galicia es algo menor, del 56% frente al 64% estatal.

El día después de las infructuosas reuniones con el poder ejecutivo y judicial, Ve-la Luz convocó una concentración de protesta en el Obelisco, centro simbólico de la ciudad de A Coruña. Era 1 de noviembre, mes dedicado a la violencia de género. "La campaña ha empezado, que no sea por derroche de papel", ironiza la activista sobre las acciones publiciatarias del Gobierno central. A la protesta apenas acudieron unas decenas de personas, que, como en las cuevas prehistóricas, dejaron sus manos pintadas en rojo estampadas en la acera. Gloria Vázquez lamenta la poca implicación de la ciudadanía. Pero al menos, las marcas quedarán como símbolo de que su lucha no cesa.