Una solución final para la crisis hondureña. Eso era lo que predecía la portavoz de la delegación de los golpistas, Vilma Morales, al anunciar un pacto "preliminar" entre las partes negociadoras. Sin embargo, momentos después, Víctor Meza, el jefe del equipo de Manuel Zelaya, sentenciaba rontundamente: "no hemos alcanzado ningún acuerdo".

Se trata, una vez más, de un nuevo tira y afloja entre el Gobierno de facto de Roberto Micheletti y los representantes zelayistas, cuya negociación se trunca siempre en el mismo punto: la restitución de Zelaya en el poder.

Una misión procedente de EEUU había llegado a Tegucigalpa para impulsar y desbloquear un diálogo y ofrecer una vía de solución a una crisis que asola a Honduras desde el asalto militar contra el presidente legítimo del país del pasado 28 de junio.

La reunión, informal, estuvo presidida por el subsecretario estadounidense para América Latina, Thomas Shannon, quien, además, se entrevistó con Zelaya en la embajada de Brasil y con Micheletti en la Casa Presidencial.

Una vez más, el desencuentro entre los equipos de negociación es tal que ni unos ni otros alcanzar a valorar de forma similar la visita de la misión de EEUU. Mientras que para los de Micheletti ha servido para para poder cerrar un acuerdo que sólo estaría pendiente de "formalidades" bajo unos términos "preliminarmente acordados" , Meza, el representante de Zelaya, dejó bien claro que "no hay ni siquiera posibilidades de que nos sentemos a negociar" hasta que "no haya un acuerdo concordante con la restitución del presidente".

Entretanto, la situación del país sigue debilitándose. A las limitaciones constitucionales impuestas por los golpistas y a la escasez de recursos hay que sumarle la desprotección de los niños hondureños ante las consecuencias de la crisis. 

Unicef ha publicado un comunicado con el que documenta, conjuntamente con varios de "los principales organismos defensores de derechos humanos en Honduras", "por lo menos 79 casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido violentados en acciones represivas" entre "finales de junio y septiembre" pasado.

"Son las niñas y los niños quienes finalmente pagan el precio más alto"

Entre esos derechos, se hace mención especialmente a los relacionados con la integridad personal o la limitación de la libertad utilizando métodos como persecuciones policiales y militares, detenciones ilegales, amenazas, lesiones e, incluso, ejecuciones.

En otro comunicado realizado en el julio ya se hacía mención a que la crisis estaba "afectando significativamente a los más de 3,5 millones de niñas y niños hondureños". 

Ahora, tras cuatro meses de inestabilidad, la organización ha querido recordar que a la "emergencia silenciosa" en la que vive la niñez hondureña por problemas de salud y educación, se le suma que, una vez más, "cuando los adultos entran en conflicto y desatan acciones violentas entre sí, son las niñas y los niños quienes finalmente pagan el precio más alto".