Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quiere dar un paso más para erradicar la financiación irregular de los partidos y el martes propondrá que se prohíba a las fuerzas políticas recibir donaciones de fundaciones privadas o asociaciones que, a su vez, tengan subvenciones de la Administración.

El objetivo, según la proposición de ley, que defenderá el portavoz de ERC, Joan Ridao, es evitar que de forma indirecta se utilicen fondos públicos para sufragar a los partidos o a sus fundaciones.

También, la iniciativa de ERC plantea suprimir la posibilidad de que las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos puedan recibir donaciones de empresas privadas o de sus subcontratadas que presten servicio o realicen obras para la Administración, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público.

Pretende así ERC evitar resquicios por los que se pueda seguir colando la financiación ilegal de los partidos y determinadas prácticas políticas irregulares, como los casos más recientes de supuesta corrupción: la trama "Gürtel", "Palma Arena", "Palau de la Música" y los de Marbella y Estepona.

Con su propuesta, los republicanos catalanes ponen sobre la mesa la modificación del régimen de donaciones a las fundaciones y asociaciones vinculadas a las fuerzas políticas con la finalidad de impedir que sean utilizadas como "instrumentos" para su financiación irregular.

La ley actual, aprobada en 2007 y que salió adelante con el apoyo del PSOE y de ERC, supuso un cambio sustancial en este sentido con respecto de la anterior, puesto que suprimió las donaciones anónimas a los partidos, donaciones que se habían convertido, según los republicanos catalanes, en la principal fuente de financiación de éstos.

Sin embargo, añaden que la realidad ha puesto de relieve que existen "lagunas" a través de las cuales las fuerzas políticas pueden obtener recursos económicos "lícitos", pero éticamente "reprobables", y es por esto por lo que ERC considera necesario modificar la legislación vigente.

Ya el año pasado socialistas y republicanos catalanes acordaron endurecer las penas para delitos de corrupción política y aumentar los controles y la transparencia en el sistema de financiación de los partidos, una iniciativa que quedó reflejada en una moción aprobada en octubre.