España aportaría 2.000 millones de euros para ayudar a Grecia

España aportaría alrededor de 2.000 millones de euros para ayudar a Grecia si los líderes de los países de la zona del euro deciden hoy prestar respaldo financiero a Atenas de manera inmediata, un proyecto al que, según avanzaron fuentes del Gobierno español, sólo se opone en estos momentos Alemania.

El jefe del Ejecutivo español y presidente de turno de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, compartió hoy un desayuno de trabajo con el presidente estable del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para analizar la cumbre de los veintisiete que comienza esta tarde en Bruselas y ambos coincidieron en que es necesario actuar ya para ayudar a Grecia.

Si los dieciséis miembros de la Eurozona -cuya reunión aún espera el sí alemán- acuerdan esa ayuda, a España, por el peso de su PIB en la zona del euro y por su población, le correspondería asumir en torno a un 12,5 por ciento del paquete de préstamos de alrededor de 20.000 millones de euros que se estudia.

Según las fuentes del Gobierno español, Madrid podría hacerse cargo de unos 2.000 millones de euros.

Sería un préstamo con compromiso de recuperación y desde el Gobierno español se recuerdan como ejemplo los avales a la banca.

Tanto Zapatero como Van Rompuy consideran que es el momento de intervenir y su posición, según estas fuentes, la comparten todos los países del Eurogrupo, con la única y notoria excepción de Alemania.

En opinión de Zapatero, retrasar esa ayuda supondría elevar su coste, con tipos de interés más altos, y dejar aumentar el riesgo para Grecia y para los países que le prestaran respaldo.

Desde el Ejecutivo español no se quieren desvelar las condiciones que está poniendo la canciller alemana, Angela Merkel, para unirse al grupo que apuesta por prestar respaldo financiero inmediato a Atenas.

En un momento, apuntaron las fuentes, llegó a plantear la posibilidad de imponer ciertas restricciones financieras a Grecia, un peaje no compartido por España.

Las fuentes dejaron también claro que hay "líneas rojas" y que no se reformará el Tratado de Lisboa, una convicción tanto de la presidencia de turno de la UE como del presidente del Consejo Europeo.