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España asume la Presidencia europea decidida a hacer funcionar las nuevas reglas

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El Gobierno español asume este 1 de enero la presidencia semestral de la Unión Europea, decidido a que las nuevas reglas de funcionamiento de que se ha dotado Europa tengan éxito, aunque sea al precio de ceder protagonismo y perder réditos internos.

"No va a ser una presidencia nacionalista, sino europeísta", dejó claro en Bruselas el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la presentación del programa del semestre ante la prensa internacional.

En su cuarta presidencia de la UE, España se enfrenta a lo desconocido, con un Parlamento Europeo renovado en junio, una Comisión ejecutiva aún no instalada y un nuevo tratado, que ha visto la luz hace apenas unas semanas después de ocho años de accidentada gestación.

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre pasado, introduce importantes cambios en la maquinaria europea.

Para empezar crea una presidencia estable del Consejo Europeo, la institución que agrupa a los veintisiete jefes de estado o gobierno, lo que constituye una verdadera revolución, y refuerza los poderes del cargo de Alto representante para la política exterior y de seguridad común.

Los gobernantes europeos ya han elegido para esos cargos al democristiano belga Herman Van Rompuy y a la laborista británica Catherine Ashton, respectivamente, pero no ejercerán plenamente sus funciones hasta el semestre español.

Según adelantó Moratinos, el "acuerdo de caballeros" alcanzado consiste en que Van Rompuy presida no sólo las reuniones formales e informales que celebre en Bruselas el Consejo Europeo, tal y como estipula el nuevo tratado, sino también las cumbres con terceros países que tengan lugar en España, con el presidente del Gobierno español a su lado cuando lo considere conveniente.

"Sin renunciar a nuestra responsabilidad, queremos que sean ellos quienes impulsen y representen a Europa. Habrá coordinación, complementariedad y contarán con todo nuestro apoyo", señaló el jefe de la diplomacia española.

José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en Bruselas que espera que el período de presidencia española ayude a superar la indiferencia de la ciudadanía respecto a Europa.

"No hago distinciones entre el interés español y el europeo", dijo en una charla con periodistas.

Aunque Van Rompuy y Ashton serán a partir de ahora, cada uno a su nivel, los "rostros" de la Unión Europea, el nuevo tratado no ha eliminado las presidencias rotatorias que ejercen por turno los Gobiernos de los países miembros.

De la presidencia semestral seguirá dependiendo la coordinación y gestión de la actividad política y legislativa cotidiana en cada una de las "formaciones" en las que se divide el Consejo de ministros de la UE, la institución que adopta las decisiones.

Los representantes españoles no presidirán ni las cumbres -lo hará Van Rompuy- ni el Consejo de Relaciones Exteriores -se encargará la baronesa Ashton-, pero sí todos los demás consejos.

Destacan entre ellos, por su influencia, el Ecofin (Economía y Finanzas) y el de Asuntos Generales (CAG), que está encargado de la coordinación horizontal y la preparación de la agenda de los líderes. Los españoles también presidirán el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) donde los embajadores precocinan todas las decisiones de los Veintisiete.

La presidencia española sentará precedente a la hora de establecer numerosas prácticas del nuevo sistema que no están claras ni escritas en ninguna parte.

Además de una fluida "cohabitación" con los nuevos cargos, España ha prometido que no perderá ni un día en el desarrollo de las disposiciones innovadoras del Tratado de Lisboa.

El Gobierno subraya, sobre todo, el nuevo servicio diplomático europeo, la llamada "iniciativa ciudadana", la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la definición de las condiciones para la aplicación de la cláusula de solidaridad frente al terrorismo o las catástrofes naturales, y la reflexión sobre las "cooperaciones estructuradas permanentes" en Defensa.

En todas estas dimensiones falta por elaborar y tramitar los actos jurídicos que permitirán llevarlas a la práctica.

Los responsables españoles también se han propuesto acelerar el procedimiento para que puedan asumir pronto sus escaños los 18 nuevos diputados al Parlamento Europeo, cuatro de ellos españoles, previstos por el Tratado de Lisboa.

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