España no avalará el déficit eléctrico de 2013 pese a las demandas de las eléctricas

El Gobierno no ha cedido a las pretensiones de las compañías eléctricas y finalmente no avalará las emisiones de los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa generado en 2013, que deberá ser titulizado por las propias empresas, según un informe emitido por la CNMC sobre el proyecto de Real Decreto.

El aval a la titulización de este déficit ha sido fuente de numerosos conflictos entre las eléctricas y el Gobierno. De hecho, en diciembre de 2013 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunió con altos representantes del sector y creó un grupo de trabajo para estudiar fórmulas para titulizar el déficit.

El ministerio de Industria había anunciado previamente el aval público a estas emisiones. "Lógicamente, tendría el aval del Estado", indicó el ministro José Manuel Soria en diciembre, cuando se anunció que se generaría este déficit imprevisto.

El nuevo proyecto de Real Decreto, que no es público, supondrá además según la CNMC un aumento en los costes del sistema y puede provocar un efecto negativo al trasladar las compañías un coste adicional al consumidor, al estimarse un tipo de interés mayor al que prevé que consigan las compañías en el mercado.

"La CNMC considera adecuado el procedimiento de cesión del déficit propuesto, que es similar al que se estableció para el Déficit 2005 (...) pero advierte que se podría sobreestimar el coste de financiación de las empresas eléctricas y se trasladaría un coste adicional al consumidor", dijo el regulador en un comunicado.

La CNMC calcula que la metodología propuesta en el Real Decreto, basada en la aplicación de un coste de financiación superior, "supondría la inclusión de una anualidad constante como coste del sistema de 301 millones de euros hasta el año 2028", un 7,6 por ciento superior a la que estimaba la orden de peajes para 2014 o 21 millones en términos absolutos.

Este nuevo procedimiento permitirá a las empresas fijar libremente el momento, el porcentaje y las condiciones económicas de la cesión del derecho de cobro, que los consumidores eléctricos pagarán en los próximos 15 años a través de la factura de la luz.

Hasta la fecha, la gran mayoría de las emisiones del déficit se han realizado mediante el FADE, un fondo creado específicamente para las titulizaciones que eran avaladas por el Estado, lo que reducía el tipo de interés pagado por las emisiones y liberaba de esa operativa a los departamentos de tesorería de las compañías durante los momentos álgidos de la crisis financiera de la eurozona pero presionaba sobre la deuda pública.

Sin embargo, después de que amainase el temporal de la deuda a finales de 2012, con una mayor apertura de los mercados de financiación, el diferencial entre el coste de la deuda pública y las emisiones de las grandes compañías se ha estrechado.

"Se estima que las empresas podrán obtener de forma privada mejores condiciones en la financiación en el momento actual, que si la cesión se realizara con algún otro tipo de subasta o vehículo con intervención administrativa", dijo la CNMC en su informe.

"El riesgo que los mercados financieros perciben en las empresas, en el momento actual, es menor que en el Estado, lo que se refleja en el coste de financiación, que en los últimos años y hasta el momento, ha sido inferior para las empresas que para el Tesoro español", agregó.

El déficit de tarifa, una deuda de los consumidores con las eléctricas por la diferencia entre los costes e ingresos regulados del sistema, ha sido uno de los problemas más importantes para el ministerio de Industria, que ha tenido que llevar a cabo un severo ajuste que le ha enfrentado con empresas, consumidores y en ocasiones con el propio regulador.

De hecho, pese a los duros recortes y a las subidas de impuestos establecidas para reducir un problema que ha generado ya una deuda de 28.466 millones de euros, todavía no está claro que no vuelva a generarse déficit en 2014 por la atonía de la demanda eléctrica pese a las continuas promesas por parte del ministerio de que se trata de una cuestión ya resuelta.

Las cinco eléctricas principales eléctricas soportan actualmente en su balance como deuda el déficit de 2013, correspondiendo a Endesa el 44 por ciento, a Iberdrola el 35 por ciento, a Gas Natural el 13,75 por ciento, a Hidroeléctrica del Cantábrico (filial de EDP) el 6 por ciento y a E.ON España el 1 por ciento.

En el mismo informe, el macrorregulador pide el "inmediato desarrollo" del autoconsumo de energía eléctrica, al tiempo que pide la eliminación del borrador de real decreto una disposición que restringe de esta modalidad a las instalaciones de cogeneración con una potencia superior a 100 kilovatios.

La regulación del autoconsumo lleva pendiente desde que el verano pasado circulase un borrador que desató una fuerte polémica en sectores ecologistas y vinculados a la energía por fuentes renovables fotovoltaicas al introducir una suerte de "impuesto al sol" que desincentiva esta modalidad de autoabastecimiento energético.

El texto, al que Reuters tuvo acceso en su momento, contemplaba el denominado peaje de respaldo por el que el Gobierno español pretendía cobrar a particulares y empresas por la energía procedente de la instalación conectada en el interior de su red con el argumento de que los autoconsumidores deben contribuir al mantenimiento del sistema eléctrico.

Recientemente, un portavoz de Industria dijo a Reuters que su desarrollo dependería de lo que apruebe el Consejo de Ministros en los próximos meses.