España se enfrenta a una multa de Europa por no respetar la seguridad laboral de la Guardia Civil

Al Gobierno del PP le toca responder ante el Tribunal de Justicia Europeo, en un juicio en el que la propia Comisión Europea actúa como acusación, por qué no cumplió su orden de habilitar unas oficinas de atención de riesgos laborales competentes que atiendan a la Guardia Civil. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que fue quien elevó la denuncia en primer término a la Comisión, España  ha reconocido que incumplió dicha directiva europea y, por tanto, habrá de enfrentarse a una sanción que impondrá el Tribunal cuando resuelva el caso. Según los propios servicios jurídicos de la AUGC, atendiendo a precedentes que se han dado en otros países, la multa podría elevarse hasta los 20 millones de euros, además de los sobrecargos de sanción por cada mes que España no haya cumplido la orden europea. 

Durante años, ni el Gobierno del PSOE ni el del PP atendieron a las reiteradas protestas de la AUGC pidiendo una regulación sobre los riesgos laborales. En 2006 fue la propia Comisión la que actuó de oficio y abrió el caso, tras percatarse de que en España no había normativa alguna al respecto en el cuerpo. Entonces, abrieron un expediente, el Tribunal resolvió a su favor y dio la orden expresa a España de que tomara las medidas necesarias para solucionar esta situación.

Pero el Gobierno no obedeció. La AUGC siguió insistiendo a través de Europa y, finalmente, en septiembre de 2012 se requirió a España para crear las oficinas. La Guardia Civil anuncio las vacantes en enero y en marzo empezaron a funcionar, explica Nemiña. Sin embargo, alguna de ellas, no lo hacía conforme al Real Decreto que regula los servicios de prevención que establece que tendrán dedicación exclusiva, siendo utilizados para otros fines. Por esta razón, la AUGC presento denuncia ante Inspeccion de servicios de Secretaria de Estado, que no reaccionó, e informo a la Comisión Europea. No dio más plazos para España.

Según destaca un comunicado de la propia Comisión, fechado el pasado 17 de octubre, "ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar plenamente a los miembros de la Guardia Civil la Directiva de la UE que establece normas básicas de protección de la salud y seguridad de los trabajadores". De esta forma, "considera que España no ha asegurado adecuadamente el nombramiento de personal cualificado para comprobar que se ponen en marcha medidas de protección de la salud y de la seguridad en todos los lugares de trabajo de la Guardia Civil. Esto constituye una infracción del artículo 7 de la Directiva 89/391/CEE, que obliga al empresario a designar personal y tomar las disposiciones necesarias para que puedan llevarse a cabo acciones de prevención y protección, como las evaluaciones de riesgos".

España reconoce que no obedeció por falta de personal y equipamiento adecuado

El mismo comunicado recoge que las autoridades españolas han reconocido que, "en algunos lugares de trabajo de la Guardia Civil, las obligatorias evaluaciones de riesgos no se han llevado a cabo, por faltade personal cualificado y de equipamiento adecuado". Por el incumplimiento de todos los reglamentos que suopone, "laComisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal". Según Nemiña, atendiendo a casos similares que se han dado en otros países, esta multa podría llegar a los 20 millones de euros, además de sobrecargos por cada mes que España incumpla la orden de atender adecuadamente la seguridad laboral de los agentes de la Guardia Civil.

"No se puede alegar ni desconocimiento, ni falta de presupuesto o de tiempo para acometer el cumplimiento de la normativa europea" explica la AUGC en el periódico digital El Faro. "La condena del Tribunal de Justicia Europeo está fechada en 2006. Siete años para que el Gobierno de España diera cumplimiento riguroso a la directriz de la Unión Europea. Ese año el Tribunal de Justicia Europeo condenó a nuestro país por incumplimiento de la Directiva de Seguridad e Higiene Laboral en la Guardia Civil, pero en todos estos años, ni el anterior Ejecutivo socialista, ni el actual del Partido Popular, han encontrado el momento oportuno para adaptare a esta normativa de obligado cumplimiento para los países miembros de la Unión Europea". Y añaden: "Esta dejadez nos obligará, ahora, a todos los españoles, vía impuestos, a sufragar la sanción económica que con toda seguridad nos impondrá el Tribunal".

Ésta no es la única ocasión que la AUGC ha recurrido al Tribunal Europeo. La última fue en febrero de este mismo año, cuando denunciaron el trabajo por turnos. La OIT declaró hace años que el turno de noche es nocivo y, en consecuencia, los trabajadores que lo hagan han de tener como beneficio una reducción de los horarios totales. Así ocurre con los agentes de la Policía Nacional, que trabajan 142 horas al mes gracias a los índices correctores. Sin embargo, estos mismos índices no se aplican a los guardias civiles, que trabajan 166 horas mensuales. De esta forma, por cada nueve años que trabaja un policía, un guardia civil trabaja diez. La denuncia ya está presentada y la Comisión está investigando el caso.