La Audiencia Nacional decretó el lunes la extradición del ex militar argentino Julio Alberto Poch para ser juzgado en Argentina por su presunta participación en los conocidos como "vuelos de la muerte" durante la dictadura.

Poch, de 57 años, fue detenido en Valencia después de que un juez argentino viajara a Europa y se entrevistara con compañeros de Poch, quienes afirmaron que se jactó de pilotar aviones desde los que se arrojaba al mar a opositores durante la última dictadura argentina, entre 1976 y 1983.

El teniente retirado de la Marina argentina también tiene nacionalidad holandesa, que le protegía de la extradición hasta que aterrizó en España en una parada técnica rumbo a Holanda el 22 de septiembre.

Poch trabajaba en la actualidad como piloto de la aerolínea holandesa Transavia, propiedad de Air France-KLM.

"Durante el régimen del general Videla, Julio Alberto Poch arrojó a varias personas vivas desde aviones o helicópteros que él pilotaba, como oficial aviador naval, que cumplía funciones de pilotaje en la Armada Argentina durante el periodo comprendido entre los años 1976 y 1980", dice la Audiencia Nacional en el auto en el que concede la extradición citando la acusación argentina.

Poch negó la semana pasada en una vista los delitos que se le imputan, pero aceptó su extradición.

"He sido tratado como un criminal, y encerrado con presos comunes, la única oportunidad que tengo de defenderme será en Argentina y por eso, su señoría, acepto mi extradición, pero quiero tener allí un juicio justo", dijo Poch al tribunal.

Entre 11.000 y 30.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura, cuando se libró una cruenta represión contra izquierdistas y otros opositores.

En algunos casos, las víctimas eran drogadas mientras estaban con vida y luego lanzadas desde aviones y helicópteros en los llamados "vuelos de la muerte" sobre el océano Atlántico o el río de la Plata.

En 2005, la Corte Suprema argentina derogó dos leyes de amnistía que protegían a cientos de antiguos oficiales de ser llevados ante la justicia por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En los últimos años, los tribunales argentinos han dictado duras sentencias contra miembros de las fuerzas militares condenados por secuestros, torturas y asesinatos.