España y Francia ultiman un pacto por la inmigración

Si hay algo que distancia a Francia y España en sus actuales relaciones es su profunda discrepancia en materia de inmigración. De hecho, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha criticado abiertamente las "regulaciones masivas" que, en su opinión, realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura. Ayer, sin embargo, durante la II Reunión de Alto Nivel sobre cooperación transfronteriza celebrada en Zaragoza, Zapatero y el primer ministro de Francia, François Fillon, escenificaron un cambio de rumbo.

Ambos países están "a punto" de alcanzar un acuerdo con el objetivo de aprobar un texto que sirva como antesala del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Francia, que presidirá la Unión Europea (UE) a partir del próximo martes y hasta 2009, busca el consenso con España, el país que se ha mostrado más crítico ante sus propuestas. Está convencida de que si logra el consenso, los 25 países restantes de la UE apoyarán el texto de forma más o menos inmediata.

Las últimas propuestas francesas, presentadas ayer a nivel técnico a los Veintisiete, apuestan por "descartar las regularizaciones generales". Francia aboga por que se realicen "caso por caso", a nivel nacional, "por motivos humanitarios o económicos".

En el primer borrador francés, hecho público en mayo, se proponía exigir contratos de integración a los inmigrantes. Una medida a la que España se opuso frontalmente. Fillon no quiso concretar ayer si esta media entra o no en la nueva propuesta. "Ni se ha añadido ni se ha suprimido nada. Estamos trabajando", dijo.

'Gestión preventiva'

Fuentes diplomáticas españolas aseguraron que el contrato "nunca ha estado ni va a estar". Sin embargo, el último borrador de París sí invita a los países de la UE a aplicar medidas para la "integración armoniosa" de los inmigrantes, basadas en el equilibrio entre sus "derechos" (acceder a servicios) y sus "deberes" (aprender la lengua y respetar la ley).

Zapatero y Fillon subrayaron que la política de inmigración de la UE se basará en la "gestión preventiva", con respeto a la legalidad, los derechos humanos y la cooperación con los países de origen. El Ejecutivo español cree que a largo plazo se demostrará que era necesario el polémico "sí" del Europarlamento a la directiva de Retorno que permite retener hasta un máximo de 18 meses a los inmigrantes en situación irregular.

"Se trata de que la política migratoria pase a ser un asunto europeo prioritario y gestionado desde la UE con la implicación de todos sus países", explican en el Ejecutivo. El 68,2% de los españoles se declara favorable a una política común, según el informe del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado ayer.

A pesar de la reunión del miércoles del Gobierno español con los embajadores iberoamericanos para explicarles la llamada directiva de la vergüenza, se suceden las protestas. En Lima (Perú), un grupo de jóvenes se manifestaron ayer frente a la sede de la UE. La Asamblea Nacional venezolana rechazó la directiva y apoyó la propuesta de su presidente, Hugo Chávez, de no suministrar petróleo a los países que la apliquen.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, declaró ayer que la normativa sobre la reagrupación familiar debe incluir el permiso de trabajo para que los hijos de inmigrantes de 16 a 18 años puedan trabajar.

Durante su intervención en la clausura de las jornadas "Instrumentos para la gestión de la inmigración en el ámbito local", celebradas en Barcelona, Corbacho advirtió de que la actual normativa de reagrupación familiar es "contradictoria" porque permite que los hijos se reúnan con sus padres pero impide que puedan trabajar cuando tienen más de 16 años y no están escolarizados.

El ministro manifestó que la legislación sobre esta cuestión "debe incluir el permiso de trabajo para mejorar la integración de los inmigrantes" y adelantó que ésta será una de las reflexiones que propondrá estudiar a la Conferencia Sectorial de Inmigración, que se constituirá el próximo 9 de julio.