España se opondrá hoy a la directiva sobre servicios médicos transfronterizos de la UE, ya que su aplicación supondría un coste adicional de 2.000 millones de euros anuales para el sistema público sanitario, entre otros motivos, según ha dicho la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

Los Veintisiete tratarán de alcanzar hoy un acuerdo sobre esta propuesta, destinada a eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos, en el Consejo de Sanidad que se celebra hoy en Bruselas.

España forma parte de la minoría de bloqueo que ha impedido que la directiva salga adelante desde que fue propuesta por la CE a mediados de 2008, y que salvo grandes avances de última hora, hará que tampoco se alcance un acuerdo hoy.

"Creemos que la directiva aún no está madura para alcanzar un acuerdo hoy", afirmó Jiménez a su llegada al Consejo.

España -junto a países que también la rechazan como Polonia, Portugal, Bélgica, Irlanda o Hungría- esperará a ver las nuevas propuestas de la presidencia sueca de turno de la UE, "pero no cree adecuado aceptarla tal y como se ha planteado en las últimas semanas", añadió la ministra.

La postura española es de "una reserva general" ante la directiva, ya que ésta "va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado de organización de sus servicios sanitarios".

La normativa "contempla algunos aspectos que nos parecen preocupantes, que no garantizan ni la calidad ni la seguridad jurídica suficiente", subrayó Jiménez.

En particular, la calidad de la atención sanitaria se vería perjudicada por la posibilidad de que una persona acceda a un servicio sanitario concreto "sin que exista la recomendación previa de un médico", explicó.

España también se opone a que se incluya "cualquier servicio sanitario" -en lugar de sólo los ligados al sistema público-, y quiere que se precise si el coste de la asistencia médica escogida por el paciente corresponderá a su país de origen o al de residencia.

Además, el sistema de reembolso tras la prestación de servicios médicos contemplado por la directiva "aumentarían de forma importante los gastos" del sistema público de Salud, y en particular podría suponer un coste adicional de hasta 2.000 millones de euros, según Jiménez.

Por último, España considera innecesaria la nueva normativa "desde que hay unos reglamentos de seguridad social que ya contemplan la movilidad" de los pacientes dentro de la UE.

"Nos hubiera gustado que se planteara una armonización encaminada a buscar una mayor calidad en prestación de servicios como un bien público, no como una mercancía más", concluyó Jiménez.