El Gobierno español lideró ayer la oposición a una directiva de asistencia médica transfronteriza que preveía la libre circulación de pacientes entre los Estados miembros de la Unión Europea. Junto a sus homólogos de Portugal, Polonia, Grecia, Rumanía, Lituania y Eslovaquia, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, bloqueó la tramitación por el elevado coste para España, estimado en unos 2.000 millones de euros anuales.

La directiva, que seguirá negociándose el año que viene durante la presidencia de turno de España en la UE, preveía el reembolso de los gastos sanitarios contraídos por los pacientes que viajen fuera de su país de residencia para ser tratados.

Para España, país en el que reside un alto número de pensionistas del resto de la UE, la directiva también obligaría al Gobierno a subvencionar viajes de vuelta a esos ciudadanos a sus países de origen, si en estos las listas de espera fueran menores que en España.

Según Jiménez, la directiva suponía 'una fuente potencial de conflicto' entre 'los países que exportan pensionistas hacia los países que los reciben'. El aumento de entre un 2% y un 5% en el presupuesto anual de Sanidad, sólo en España, supondría un gran desafío económico para los países perjudicados por la aplicación de la directiva.

Para Jiménez, la directiva consagraba el derecho al llamado 'turismo sanitario', es decir, la libre elección por parte del paciente del país y del centro sanitario para cada tratamiento a costa de su país de residencia. Ello también supondría un gran coste para los países con muchos pacientes o peores servicios. En otras palabras: la directiva preveía que si un jubilado sueco o alemán con residencia en España viajase a su país para evitar listas de espera, sería España la que cargaría con todos los costes, incluso en un centro privado.

'Hemos querido que se regulara el consejo médico', apuntó Jiménez, porque 'recibir un tratamiento médico no es lo mismo que ir a comprar un ordenador'. El paciente 'no puede elegir por sí mismo el lugar, la razón y el tipo de tratamiento', argumentó Jiménez.

El ministro sueco de Asuntos Sociales, Göran Hägglund, lamentó en nombre de la presidencia de la UE que España y Portugal vetaran el acuerdo y aludió a sentencias del Tribunal de Justicia comunitario que, en el pasado, han reconocido el derecho al reembolso total o parcial de ciertos tratamientos recibidos en países de la UE distintos al de residencia.

La comisaria europea de Salud, Androulla Vassiliou, aseguró que el fracaso de la directiva supone 'un momento triste para los pacientes, que son los principales perdedores'. Aun así, Vassiliou agradeció la disposición de España para salvar la directiva durante su próxima presidencia.