España presenta la fiscalía europea para luchar contra la especulación de la moneda única

La presidencia española de la UE ha presentado hoy el proyecto de creación de una Fiscalía Europea para actuar frente a los ataques y fraudes a los intereses financieros de la unión monetaria, y también contra las especulaciones para debilitar el euro.

El Fiscal General, Cándido Conde Pumpido, ha presentado junto al presidente de la Comisión de Justicia e Interior del PE, Juan Fernando López Aguilar, y el secretario de Estado español para la Unión Europea (UE), Diego López Garrido, un primer borrador sobre esta figura que debatirán los Veintisiete en abril.

Conde Pumpido ha explicado que "la moneda única necesita de una institución particular que proteja la aplicación del derecho penal" ante fraudes y especulaciones.

El fiscal general ha afirmado que el ministerio público europeo permitirá dotar de más "eficacia" y un "enfoque general" a las investigaciones penales económicas para salvaguardar los intereses económicos comunitarios y coordinar el trabajo que hacen los órganos jurisdiccionales nacionales, así como de la agencia europea de cooperación judicial (Eurojust) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

López Aguilar ha reiterado esa idea con la afirmación que para la fuerte gobernanza de una economía europea "no sólo es necesaria una coordinación de políticas presupuestarias y fiscales sino también instituciones capaces de defender esos intereses financieros".

En una primera fase, la fiscalía europea investigaría los fraudes y especulaciones contra el euro pero, en un segundo estadio, está previsto que también pueda investigar e incoar causas penales contra delitos transfronterizos (como tráfico de personas, narcotráfico o terrorismo), tal y como ha explicado López Garrido.

La creación de esta nueva figura se discutirá por primera vez en la reunión de ministros de Justicia e Interior de los Veintisiete que tendrá lugar en Luxemburgo en abril.

La aprobación tendrá que ser por unanimidad de los Veintisiete Estados miembros de la UE y con el visto bueno del Parlamento Europeo.

Todavía no existe un calendario sobre la puesta en marcha de esta figura, pero Conde Pumpido ha querido destacar que se trata de "un primer paso de un largo camino" que la presidencia española ha querido dar lo antes posible.

Los encargados de conocer de las causas incoadas por la fiscalía europea serían los propios tribunales nacionales aunque no se descarta que pudiese intervenir la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo.