El Gobierno español respetó, en general, durante 2007 los derechos humanos, y los poderes legislativo y ejecutivo proporcionaron instrumentos efectivos para afrontar casos individuales de abusos a detenidos e inmigrantes.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo", que publica anualmente el Departamento de Estado norteamericano.

El estudio destaca que no hubo informes en los que constara que el Gobierno o sus agentes cometieran "matanzas arbitrarias o ilegales", pero sí se documentaron incidentes de abuso a detenidos por parte de la Policía y casos de impunidad.

El documento señala, además, que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su preocupación por el hecho de que fueran repatriados, sin supervisión judicial, inmigrantes que habían sido víctimas de abusos y de detenciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.

El informe indica que las condiciones carcelarias cumplieron en general con los estándares internacionales y el Gobierno permitió la visita de grupos independientes de observación de derechos humanos.

El estudio señala que las prisiones estuvieron superpobladas, si bien se inauguraron dos nuevos centros de detención, y apunta a un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que denuncia la falta de protección de detenidos ante abusos.

El Departamento de Estado considera que "todas las fuerzas policiales operaron de manera eficaz" durante 2007, aunque hubo "información aislada de casos de corrupción".

El informe afirma, asimismo, que España no cumplió "rigurosamente" con los derechos de los detenidos de llevarlos ante un juez en un plazo de 72 horas.

Además, indica el documento, los detenidos generalmente no fueron informados de sus derechos de poder contar con un abogado de oficio.

"Fue una práctica común el garantizar a los presos el acceso a un abogado solamente en el momento en que realizaban una declaración formal durante su custodia", señala el informe.

En cuanto a la libertad de religión, el documento recalca que el Gobierno respeta generalmente ese derecho, pero indica que comunidades como la judía, la musulmana, muchas protestantes, los testigos de Jehová o los budistas, no gozan de los mismos beneficios que la Iglesia católica.

El informe recuerda que líderes de comunidades musulmanes y judías se "quejaron de las dificultades para obtener permisos y autorizaciones para construir nuevos centros de culto".

De acuerdo con el Departamento de Estado, el crecimiento de la comunidad inmigrante en España ha llevado, en algunos momentos, a "fricciones sociales" que en casos aislados tenían un componente religioso.

Así, los musulmanes "continuaron padeciendo cierto perjuicio social".

También hubo momentos de "violencia social y discriminación contra miembros de minorías étnicas y raciales, si bien el Gobierno hizo esfuerzos para solventar este problema", afirma el estudio.

Según informes de las ONG, España repatrió en 2007 a menores de edad sin garantizarles la necesaria seguridad en su país de origen, y "cientos de niños inmigrantes estaban en riesgo de sufrir abusos y violencia" en centros de detención de Canarias.

El estudio se refiere, además, a "varios" casos de corrupción gubernamental, en particular a nivel local, que tuvo su mayor exposición en la trama de corrupción urbanística y municipal de Marbella, si bien señala que el Gobierno en general hizo uso de las provisiones legales y sanciones en esta materia.

En otro apartado, el informe señala que el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual fue un problema, al igual que hubo informes sobre la trata de personas hacia España y de tránsito.