Desprotegidos, sin acceso al sistema sanitario y enredados en una madeja legal que vulnera el derecho a la salud recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la situación en la que se encuentran en España los alrededor de 873.000 inmigrantes en situación irregular a los que el Estado les ha retirado la tarjeta sanitaria en aplicación del Real Decreto del Gobierno de 1 de septiembre de 2012. La excusa oficial por parte del Ejecutivo del Partido Popular fue "evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria española". ¿La realidad? La normativa del Gobierno y su aplicación en diferentes comunidades autónomas está "poniendo en peligro la salud" de cientos de miles de inmigrantes, según el informe de Amnistía Internacional (AI) El laberinto de la exclusión sanitaria, que ha sido presentado este jueves en Mallorca.

El Real Decreto de septiembre de 2012 aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy mutiló el adjetivo universal del derecho a una sanidad pública gratuita. Los inmigrantes en situación irregular, desde entonces, sólo tienen asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en urgencias o accidentes hasta el alta médica; y en embarazo, parto y posparto. Para el resto de situaciones, los migrantes sin papeles deben abonar una factura. "El servicio de salud universal no está para todo el universo y el gratis total no existe (…) La inmigración debe estar vinculada al empleo regular y los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países de origen", señaló entonces Rafael Hernando, portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados.

Casi un año después de la medida, Amnistía Internacional ha evaluado su primera consecuencia: la violación del derecho universal a la salud de toda persona y la discriminación sistemática de los residentes en España según la ciudadanía, la residencia o la condición de la persona migrante. "Con la adopción del Real Decreto-Ley, el Gobierno ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas migrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad", denuncia el informe.

Un alumno aventajado del Ejecutivo en la aplicación del Real Decreto es el Govern de Illes Balears presidido por el conservador José Ramón Bauzá (PP). Según denuncia AI, Illes Balears "obstaculiza y deniega la asistencia sanitaria a las personas migrantes, tanto mujeres como hombres, en situación irregular". Esta violación del derecho universal a la salud, no obstante, no sólo se produce por la aplicación del real decreto sino, también, por "errores o irregularidades administrativas" que, sin ajustarse a la legislación vigente, estarían dejando sin asistencia sanitaria a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

De hecho, la muerte de Alpha Pam, un ciudadano senegalés de 28 años sin tarjeta sanitaria que falleció de tuberculosis el 21 de abril de 2013, a pesar de que el tratamiento gratuito de su enfermedad se encuentra contemplado en los criterios generales, ha levantado sospechas sobre las verdaderas consecuencias de este recorte en sanidad. "Asimismo, es especialmente preocupante que la normativa vigente no garantice la atención primaria de salud para las personas migrantes; pues se trata de un contenido mínimo esencial del derecho a la salud que el gobierno debe asegurar", asegura el informe de AI.

"Yo eso no lo puedo pagar"

En esta situación de desprotección absoluta se encuentran inmigrantes como la uruguaya Silvia Graciela Velázquez, que padece de EPOC grave (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), un trastorno pulmonar cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y, en general, no reversible; o el chileno Luis Andrés Ulloa, que padeció un cáncer de vejiga en 2010 y que ha renunciado a hacer un seguimiento de la enfermedad por no poder pagar las consultas médicas. Ambos residen en Illes Balears.

El testimonio de Graciela, recabado por AI, simplifica en apenas unas frases la encrucijada en la que se encuentran los migrantes sin papeles. "En enero (de 2013) fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médica me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera; fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica", denuncia Graciela, que afirma que, tras su visita a urgencias, el hospital emitió un "compromiso de pago" a su nombre, a pesar de tratarse de asistencia en urgencias y cuya gratuidad está estipulada en la normativa vigente.

El caso de Luis Andrés Ulloa permite alumbrar el cambio radical de la sanidad española en la protección universal del derecho a la salud. Luis Andrés, de 34 años, llegó a España en 2008. En 2010 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Fue hospitalizado y operado de manera gratuita. El doctor le recomendó entonces acudir cada cuatro o seis meses a revisión. Sin embargo, cuando en "octubre o noviembre" de 2012 fue a hacerse los controles le advirtieron que tendría que pagar entre 80 y 200 euros por cada analítica. "Yo eso no lo voy a poder pagar", asegura Luis Andrés.

Illes Balears "obstaculiza y deniega la asistencia sanitaria a las personas migrantes"

La situación de Illes Balears no es única en el Estado español sino que representa un ejemplo avanzado de las consecuencias de la aplicación del decreto del Gobierno. "Con la implementación del Real Decreto-Ley y los criterios generales, las Islas Baleares están vulnerando el derecho humano a la salud de miles de personas migrantes", asegura el informe. No obstante, el problema balear no reside simplemente en la aplicación del real decreto del Gobierno sino en la "enorme disparidad de respuestas dentro de la administración balear".

Confusión que genera exclusión

Frente a unos criterios uniformes y estandarizados inexistentes, la actuación de los diferentes centros de salud y hospitales de Illes Balears prima la solución caso a caso. Así, se han dado casos de que hospitales han emitido "compromisos de pago" por visitas a urgencia, cuando la ley establece su gratuidad, o por el contrario, se ha brindado asistencia sanitaria gratuita a personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria en supuestos que no están cubiertos por el Real Decreto-Ley.

Luis Andrés no puede pagar el seguimiento de su cáncer"Amnistía Internacional cree que la posible falta de información adecuada con la que cuenta el personal administrativo sanitario (que es quien gestiona la admisión de pacientes) podría empeorar una situación de por sí grave, pudiendo dejar a más personas de las previstas en la normativa vigente excluidas de atención sanitaria", denuncia el informe.

El efecto disuasorio

El informe de AI también recoge la preocupación de la organización no gubernamental por el efecto disuasorio que la incertidumbre, la falta de información y la posibilidad de que llegue una factura a casa está provocando en los inmigrantes en situación irregular. Así, AI denuncia que diversos ciudadanos sin papeles se han dirigido a la ONG para mostrarles sus reticencias a acudir un centro sanitario público. "Me caí y cada vez me duele más la pierna (...) pero no pienso ir al médico... Yo no quiero tener problemas", le decía a Amnistía Internacional el presidente de una asociación de inmigrantes africanos.

La mayor preocupación, no obstante, recae en el desproporcionado impacto que dicho efecto disuasorio podría tener en la asistencia sanitaria de mujeres inmigrantes; y en la asistencia sanitaria de hijos e hijas de inmigrantes por las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de "acceder a información adecuada", como consecuencia de las "condiciones de desigualdad de género que persisten dentro de la sociedad española".