Esperanza Aguirre matiza que cuando actuó en Majadahonda no sabía lo que había detrás

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha matizado hoy que cuando se negó en 2005 a que el alcalde de Majadahonda vendiese una parcela por un precio menor al del mercado, lo hizo sin saber "nada de lo que había detrás", sino únicamente para dirimir una discusión interna en la formación.

Aguirre se ha referido así, durante la inauguración de un centro de salud en Las Rozas, a las declaraciones que hizo ayer en la Asamblea de Madrid en las que aseguró que fue ella la que destapó el "caso Gürtel" cuando se opuso "a que se vendiera con beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta trama por menos de la mitad de su precio una parcela en Majadahonda".

Hoy ha reconocido que tiene que dar "una explicación un poquito más extensa" y ha relatado que cuando en 2005 se negó a que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, vendiese una parcela por menos precio del previsto, en contra de la voluntad de la mayoría de los concejales de la localidad, lo hizo para zanjar una disputa interna que acabó con la salida del alcalde y dos concejales de la Corporación municipal.

"En aquel caso, en 2005, yo no supe nada de lo que había detrás, lo que supe es que había una discusión interna en el grupo de los 15 concejales de Majadahonda, 12 de los cuales pensaban que no se podían vender las parcelas por ese precio y tres sí, pero no que hubiera nada incorrecto ni mucho menos delictivo por el medio".

Aguirre ha incidido en que "nunca" pudo imaginar la repercusión que tendría esta actuación, y ha explicado que las tres personas que salieron entonces de la Corporación de Majadahonda fueron los que luego intentaron involucrarla a ella en la supuesta trama de corrupción.

Ha aclarado que la Comunidad de Madrid no autorizó, como se ha asegurado, la venta de la citada parcela por la mitad de su precio, sino que en el informe preceptivo para que el Ayuntamiento de Majadahonda la pudiera vender únicamente se especificaba que "no superaba el 25% del patrimonio municipal", como es preceptivo.