Los estados ponen 4 billones de euros para salvar la economía

La crisis ha hecho añicos las cerraduras de las arcas públicas y los gobiernos se han visto forzados a inyectar ayudas de casi cuatro billones de euros en la economía para evitar su colapso. El gran beneficiado es el sector financiero. Ha recibido o va a recibir financiación por más de 2,5 billones de euros, casi el 6% del PIB, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para los países del Grupo de los 20 (G-20) corregidas con los últimos planes anunciados por Estados Unidos.

Las ayudas son muy variadas: inyecciones de capital en la banca (utilizadas masivamente en EEUU para rescatar entidades, pero no en España), compras de activos, apoyos de los bancos centrales... Se excluyen del cómputo, en cambio, los avales o garantías (como los 100.000 millones previstos por España), que se consideran facilidades de financiación. Estas ayudas no suponen necesariamente una carga para el presupuesto público, salvo en caso de entrada en el capital de los bancos.

Lo que sí va a elevar el déficit público de los países es el gasto incluido en los llamados planes de estímulo fiscal, destinados a impulsar la demanda y, con ello, las economías.

Aunque hay controversia sobre cómo contabilizar estos planes, los cálculos del FMI y de la Comisión Europea permiten deducir que la inyección de gasto público es de 1,5 billones de euros. De esta cifra, cerca de un billón (un 3,1% del PIB del G-20) corresponde a los planes propiamente dichos para 2008, 2009 y 2010. De todas las medidas anunciadas, dos tercios son sólo de gasto (sobre todo, inversión en infraestructuras) y el resto son bajadas de los ingresos públicos, casi siempre a través de reducciones de impuestos sobre la renta, como en España.

Además, a esas medidas hay que añadir los gastos no discrecionales provocados por la crisis, asociados a los sistemas de protección social (prestaciones de paro, formación, etc). Este cálculo es difícil de precisar, dada la incertidumbre de las circunstancias, pero la UE considera que puede suponer un 1,75% del PIB para 2009 y 2010, es decir, algo más de 220.000 millones de euros, a lo que habría que sumar una cantidad no determinada del ejercicio de 2008. En el resto de regiones, el peso de los gastos relacionados con la red de protección social es menos acusado, pero no ha sido cuantificado.