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El Estatut pone contra las cuerdas al Constitucional

Juristas y políticos cuestionan la legitimidad del fallo ante la tardanza en dictar sentencia. El Alto Tribunal ha invertido hasta hoy 1.218 días en analizar el texto. El bloqueo del PP a la renovación de sus magistrados ha agravado l

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Lo que no se puede evitar, hay que llevarlo con paciencia'. La cita de Horacio condensa la actitud de resignada espera con la que instituciones, partidos políticos y juristas aguardan el análisis del Estatut catalán bajo la lupa del Tribunal Constitucional (TC). El poeta latino la pronunció hace 20 siglos. Mucho menos, tres años y medio, ha invertido hasta ahora el Constitucional en aplicar su bisturí sobre un texto aprobado por el Parlament y las Cortes Generales, y ratificado posteriormente en referéndum por la mayoría del pueblo catalán.

El límite del hastío, sin embargo, se desbordó mucho antes y el pasado jueves volvió a manifestarse en un gesto cuyo precedente inmediato hay que rescatarlo de los momentos más críticos de la Transición. El mismo espíritu de emergencia que presidía aquel tránsito político se volcó esta semana en un editorial conjunto publicado por los 12 diarios catalanes bajo un título revelador: La dignidad de Catalunya.

El Tribunal Constitucional ha consumido hasta el día de hoy 1.218 días en su disección del Estatut. La cuenta atrás se inició el 31 de julio de 2006 con el recurso presentado por el PP contra 114 de los 223 artículos que componen el texto.

El mismo tribunal tardó menos de la mitad, 520 días, en avalar definitivamente la constitucionalidad del Estatuto de la Comunidad Valenciana, impugnado el 11 de julio de ese mismo año por Castilla-La Mancha y Aragón.

La impaciencia rebosa en todas las siglas, aunque por motivos bien diferentes. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, autor del recurso de su partido contra el Estatut, denunciaba recientemente que el tribunal está tardando 'el triple de lo que costó hacer la Constitución'. Paradójicamente, Trillo ha sido uno de los ideólogos del juego de recusaciones y bloqueos que han convertido a un tribunal que nunca discurrió por las vías de alta velocidad en una locomotora ahogada.

Su esfuerzo, de momento, reporta al PP el beneficio esperado: 'Hay quien quiere recentralizar España a partir del fallo del Estatut', explica el diputado Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Su interés por mantener a toda costa el frágil equilibrio entre conservadores y progresistas dentro del Constitucional hasta que se pronuncie sobre el texto catalán mantiene a una tercera parte de sus integrantes con su mandato caducado desde hace dos años.

La suma de los días que ha invertido hasta ahora el TC en su análisis del Estatut arroja otro resultado revelador. El 9 de febrero de 2004 se constituyó en el Parlamento catalán la Ponencia que habría de elaborar el texto que sería aprobado dos años después en referéndum. Fueron necesarios 860 días para alumbrar el articulado y obtener el aval ciudadano. El 73,9% de los votos dio por bueno el Estatut. Su voz, sin embargo, no sería la última con voto en este debate.

Diez magistrados tienen la palabra definitiva, aunque el Pleno del Constitucional lo integran doce juristas. '¿Cree usted normal que el TC lleve dos años y medio con un tercio de sus miembros que deberían haber cesado, tres que deben hacerlo próximamente, uno que falleció y no fue sustituido y otro recusado por el grave delito de quizá ser muy autonomista?'. La pregunta que el portavoz de ERC, Joan Ridao, trasladó en el Congreso el miércoles al Gobierno sustancia la crisis de autoridad que, a juicio de los nacionalistas, atraviesa la actual composición del Tribunal. '¿Cree usted normal que un TC sea un órgano enrocado en posiciones partidistas que se filtran con descaro y evidencian un frentismo casi guerracivilista entre ustedes y el PP?', concluyó el diputado republicano.

No es el único que traslada abiertamente su recelo. 'Legitimidad tendrá la que tenga, pero autoridad tiene muy poca', lamenta Herrera. Las formaciones catalanas comparten esta reflexión que rebaten el PSOE y el PP. 'No le falta legitimidad, pero es cierto que hay cierta perplejidad en los ciudadanos', admite José Luis Ayllón, diputado conservador por Barcelona.

'El tribunal está compuesto de forma legal y es plenamente legítimo', zanja Jesús Quijano, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso.

'El tiempo transcurrido, así como las circunstancias en las que se encuentra el TC, no sé si restan legitimidad al fallo, pero añaden preocupación al contenido de la sentencia', juzga el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. Tres años de retraso acumulado 'aportan preocupación', según el PP. Sólo Quijano considera que el retraso 'no deslegitima en absoluto el fallo'.

¿A qué circunstancias alude Duran? El mandato de cuatro miembros del TC expiró en diciembre de 2007 y se encuentra prorrogado sine die, a falta de un acuerdo entre el PSOE y el PP. Una próxima reunión entre Zapatero y Rajoy -'Habrá cita', anunció el viernes De la Vega- alumbra una esperanza, pero, de momento, la crisis se mantiene viva. De los 12 magistrados del tribunal, dos los elige el Gobierno, otros dos el Consejo General del Poder Judicial, cuatro el Congreso y cuatro el Senado con los votos de al menos tres quintos de cada Cámara, lo que hace obligado el acuerdo de los dos grandes partidos.

El Senado debería haber renovado ya a los cuatro magistrados cuya responsabilidad se encuentra prorrogada, pero el PP ha burlado el procedimiento de recambio hasta bloquear el relevo al imponer únicamente dos nombres que el PSOE considera inasumibles -Enrique López y Francisco José Hernando- en todas sus propuestas. El PSOE planteó un total de 15 aspirantes.

El empeño del partido de Rajoy por mantener a estos dos candidatos ha acabado por bloquear el proceso. A ello habría que añadir la guerra de recusaciones en la pasada legislatura. La inició el PP y siguieron después la Generalitat y el Gobierno para reequilibrar el Tribunal. La batalla ha minado también su imagen.

Un magistrado progresista, Pablo Pérez Tremps, fue apartado de las deliberaciones del Estatut por el PP. Roberto García-Calvo, conservador, falleció en mayo de 2008.

Otras circunstancias añaden complejidad a la deliberación del Alto Triibunal. Su presidenta, María Emilia Casas, ligada al sector progresista, desea que la sentencia se decida, cuanto menos, por un resultado de seis votos a cuatro. Casas dispone de un voto de calidad -vale por dos- que únicamente serviría en caso de empate, aunque entiende que su utilización abonaría el cuestionamiento del fallo.

Las etiquetas progresista y conservador son una simplificación teórica que no siempre responde a la realidad de las deliberaciones, infinitamente más enmarañadas. El largo camino recorrido en estos tres años y medio ha facilitado cambios inesperados en la teórica adscripción de algunos magistrados, como el que se atribuye a Manuel Aragón Reyes, propuesto por el Ejecutivo, y encasillado dentro del sector progresista, aunque sus posiciones durante el debate no siempre se ciñen ahora a este corsé.

'El caso del TC actual es el de mayor desprestigio de la política comparada', sostiene Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra. 'Es procedimentalmente de manicomio que sea recurrible una decisión aprobada en referéndum por los ciudadanos'. 'No puede decirse en modo alguno que el actual TC está deslegitimado. Tal afirmación supondría una voladura del Estado constitucional', defiende Javier Tajadura, titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. 'No está deslegitimado, aunque hay que reconocer que estamos ante un pleno peculiar', sostiene María Holgado, titular de la misma materia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 'No es la primera vez que el Tribunal controla la constitucionalidad de una ley con magistrados en situación de prorrogatio y, hasta la fecha, no se había discutido la legitimidad de las sentencias dictadas en estas condiciones'.

Los juristas coinciden. Rafael Bustos, que imparte Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, explica que tiene toda la legitimidad, aunque admite que 'el retraso en la renovación del TC y la absurda recusación de un magistrado debilitan enormemente su posición institucional'. En cualquier caso, achaca la responsabilidad a 'los partidos mayoritarios'. 'Son ellos los que están debilitando al TC y la debilidad puede confundirse con la falta de legitimidad', explica.

María Núñez, profesora de Derecho Constitucional en la UNED y especialista en estatutos de autonomía, zanja cualquier duda sobre la legitimidad del TC de forma tan gráfica como didáctica: 'Está tocada, pero no hundida. Mientras sigan ahí, los magistrados están capacitados'.

'Hay una división importante que confirma que el resultado, sea cual sea y en el sentido que vaya, será discutible; es decir, es admisible pensar lo contrario de la sentencia que salga', advirtió hace unos días Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas entre los años 2004 y 2007, en los que se fraguó el Estatut. 'Tres años es demasiado tiempo, pero ha habido un cúmulo de elementos -recusaciones, un fallecido- que han retrasado al máximo el fallo y cuando el TC se pronuncia, su sentencia es la que es y no se puede recurrir', replica la profesora Núñez.

'Para la legitimidad del Tribunal, peor que una sentencia tardía es una mala sentencia de un Pleno dividido; el colmo de males sería una sentencia tardía, mala y sin consenso', señala
Rafael Bustos.

Desde la judicatura, la organización mayoritaria de jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura ha cargado reiteradamente contra el retraso de la sentencia, que su portavoz considera 'inaceptable'. 'Ha transcurrido tiempo de sobra para que sea conocida; lo peor es que no se ha dado ninguna explicación que justifique por qué aún no se ha hecho pública', denuncia Antonio García.

En septiembre de 2008, el propio TC, en un comunicado sin precedentes, recordó, para justificar su retraso, 'los numerosos recursos a los que ha tenido que hacer frente'-el PP ha presentado más de 30 desde 2004 sin ganar ninguno aún- y que las recusaciones paralizaban el debate del Estatut. Tres días antes, Federico Trillo cargó contra María Emilia Casas, haciéndola responsable del 'alarmante retraso' en el fallo.

'Puede criticarse que se esté tardando, pero deslegitimar por eso el contenido de una sentencia que aún no conocemos no tiene sentido', sostiene Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, de perfil moderado. Miguel Ángel Gimeno, responsable de la progresista Jueces para la Democracia, considera también que 'desde una perspectiva jurídica', la lentitud del TC no pone en cuestión su fallo sobre el Estatut, aunque admite que los últimos dos años el tribunal 'se ha dejado minar su  autoridad'.

Habida cuenta del retraso en la emisión del fallo, algunos actores políticos comienzan a abrir las puertas a un escenario que dilataría aún más la deliberación del Tribunal. José Luis Rodríguez Zapatero señaló esta semana que no espera una sentencia 'antes de Navidad'.
2010 es un año electoral en Catalunya, que celebrará en otoño sus comicios. ¿Puede interferir el fallo? ¿Podría retrasarse aún más para evitarlo? Joan Ridao, desde ERC, avanza que 'sería deseable'.

El camino lógico pasaría por una renovación pactada entre el PSOE y el PP que obligara al nuevo pleno a asumir el debate desde cero.
Pero es un escenario que no contemplan socialistas ni conservadores. 'No podemos estar, por un lado, exigiendo más rapidez en la sentencia y, por otro, demorando el problema', razona Ayllón.

Los jueces critican abiertamente este horizonte. 'No sería deseable; si se siguiera esta lógica, nunca se dictarían fallos, porque después de una elección viene otra y luego otra...', explica Gimeno, que coincide casi en los mismos términos con Sexmero.

El 31 de enero de 2006, Rajoy abrió en Cádiz una campaña de recogida de firmas a favor de un referéndum nacional sobre o contra el Estatut para coronar sus críticas al texto. Las firmas de los 4.028.396 españoles que, según el PP, suscribieron la campaña duermen olvidadas en un almacén que paga el Congreso.

Casi cuatro años después, un ex eurodiputado conservador, Julio Añoveros, se sienta en el Consejo de Garantías Estatutarias a propuesta del PP. Paradójicamente, el papel de este órgano recién constituido es uno de los puntos recurridos ante el TC por el partido de Rajoy. Mientras el tribunal delibera, el PP se ha situado a ambos lados de conflicto.

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