Los crucifijos colgados en las paredes de las escuelas públicas suponen una coacción a la libertad de pensamiento de los alumnos. Es lo que sentenció ayer el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ante el caso expuesto por una ciudadana italiana. Su jurisprudencia es vinculante para el Estado italiano y sienta precedente en todos los países que han firmado la Convención de Derechos Humanos, entre ellos, España. Aunque el Tribunal sólo analiza la vulneración de derechos, sin ordenar ninguna medida en concreto, para cumplirla, Italia se ve ahora en la obligación de retirar los crucifijos.

La Corte dictamina que 'la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión concreta en el ejercicio de la función pública' en Italia el Estado obliga a exponer crucifijos en las aulas, 'en particular, en las salas de clase, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, así como el derecho de los niños a creer o no creer'.

A España le afecta como firmante de la Convención de Derechos Humanos

Se trata, dice la sentencia, de 'una violación' de sus derechos, incompatible con un Estado que debe ser 'neutro' y no discriminatorio.

El caso lo inició una ciudadana italiana de origen finlandés, Soile Lautsi, cuando pidió al instituto de la ciudad de Abano Terme (Padova), donde estudiaban sus dos hijos, que retirara los crucifijos de sus clases. El instituto se negó y ella llevó el caso a los tribunales. La apoyó la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas (Uaar). Su secretario general, Raffaele Carcano, consideró que ayer era 'un gran día para la laicidad italiana'.

El Tribunal de Estrasburgo les da la razón al considerar que al colgar crucifijos 'el Estado otorga a la religión católica una situación privilegiada que se traduciría en una injerencia estatal en el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión'.

El caso lo inició una madre que pidió retirar la cruz de las clases de sus hijos

Los jueces estiman que el crucifijo no es esencialmente un símbolo ético, como defiende el Estado italiano, sino que predomina su representación de la religión católica. Por ello, quedaría vulnerado el artículo 9 de la Convención de los Derechos Humanos, que protege la libertad de conciencia, religión y pensamiento. El crucifijo en las aulas, dice la sentencia, 'puede ser alentador para ciertos alumnos religiosos, pero puede ser perturbador emocionalmente para los niños de otras religiones o que no profesan ninguna religión'.

La sentencia causó conmoción en la católica Italia. El Gobierno de derechas de Silvio Berlusconi lo consideró un ataque en toda regla a la identidad del país y anunció que recurrirá el dictamen al plenario del Tribunal el fallo lo emitió la sección segunda.

Algunos ministros, como el de Simplificación Normativa, Roberto Calderoli, anunciaron que el Gobierno no va a retirar ningún crucifijo. La ministra de Igualdad, Mara Carfagna, aseveró que el crucifijo representa 'unos valores compartidos por toda la sociedad' y no limita la libertad individual; al contrario que el uso del burka o elniqab, precisó, que cubren el cuerpo y la cara de algunas alumnas musulmanas.

El Vaticano acogió la noticia con 'estupor y pesar'. 'Es sorprendente que una corte europea intervenga tan duramente sobre una materia tan ligada a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano', señaló el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi. Para el portavoz vaticano, el crucifijo supone un signo 'de unión y acogida hacia toda la humanidad'. 'Nos disgusta que sea considerado como un signo de división, exclusión o limitación de la libertad', remachó.

Los crucifijos cuelgan en las aulas de las escuelas públicas de Italia desde la época fascista. Fue Mussolini quién reconcilió el Estado con la Iglesia mediante el Pacto de Letrán, de 1929, y declaró la religión católica como la oficial del Estado. En 1985 una reforma del Pacto anuló la categoría de religión de Estado para el catolicismo, pero los crucifijos no se movieron.