La operación Espada continúa creciendo y amenaza con seguir extendiéndose a más altos cargos del antiguo Gobierno de Jaume Matas. Ayer por la tarde, el juez José Castro llamó a declarar como imputado a una séptima persona. Se trata de Antoni Palerm, ex director general de Deportes del Consell de Mallorca. Miembro del Partido Popular, Castro integró el consorcio del Palma Arena en representación de la institución insular.

Mientras, una de las cinco personas que permanecían detenidas, el arquitecto Ignacio Antonio Sáez, salió ayer tarde en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez y el ministerio fiscal. Los otros cuatro han pasado su segunda noche en los calabozos y, previsiblemente, no pasarán hasta la mañana del sábado a disposición judicial.

Por su parte, Miquel Ángel Verger, el jefe de la UTE que construyo el velódromo y único imputado que no había sido detenido, terminó ayer de declarar y quedó en libertad con cargos por malversación de caudales públicos. Esta mañana está previsto que declare el ex director general de deportes, José Luis Pepote Ballester.

Mientras, José Ramon Orta, abogado del presidente del consorcio del Palma Arena, concejal de Deportes durante el Gobierno Matas y actual portavoz del PP municipal en Palma, Rafael Durán, ha presentado ante el juez una petición de Habeas Corpus.

Su intención es que su cliente pase a disposición judicial lo antes posible. El procedimiento sirve como aval en caso de que el arresto se haya llevado a cabo 'sin tener en cuenta las garantías procesales legales oportunas' o que directamente este se considere 'ilegal, porque en nada beneficia ni ayuda al esclarecimiento de los hechos investigados'.

La estrategia es coherente con las declaraciones de Rafael Durán, que anunció que se acogería a su derecho de no declarar ante la Policía y el fiscal sobre su presunta implicación en el caso. El letrado aseguró que el político conservador está 'sereno y con la tranquilidad que tienen las personas que saben que son inocentes'. En esta misma línea se volvieron a expresar, ayer, desde el PP balear: 'Todos son buenos hasta que no se demuestre lo contrario', zanjó su portavoz, Carlos Simarro.

El presidente autonómico, Francesc Antich, no quiso pronunciarse, ayer, sobre la operación Espada. El dirigente socialista se limitó a recalcar que 'lo que nos toca a los políticos es aumentar los mecanismos de control y transparencia de nuestro trabajo; esa es la gran prioridad que tengo en estos momentos'. En este sentido, Antich recordó que el Gobierno balear ya ha redactado una ley del sector público con la que pretende lograr 'la máxima transparencia' en la gestión pública.

El caso Palma Arena investiga un presunto caso de corrupción que tiene que ver con el coste del velódromo, una de las obras estrella del último año de gobierno de Jaume Matas. El presupuesto inicial de la obra ascendía a unos 46,6 millones de euros, pero se duplicó hasta situarse por encima de los 90 millones. El sobrecoste de la instalación deportiva superó, con creces, el límite del 20% que fija la ley en las obras públicas.

Cabe recordar que, aparte de los citados anteriormente, siguen detenidos el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, y el responsable de la agencia de comunicación Nimbus. Además, en la causa permanecen como imputados dos hermanos arquitectos que reconocieron haber cobrado nueve millones de euros.