El ex conductor de Osama Bin Laden se declara "no culpable" ante un tribunal militar en Guantánamo

Salim Hamdan, ex conductor de Osama bin Laden en Afganistán, se declaró hoy "no culpable" de los cargos de terrorismo por los que se le juzga en un tribunal militar especial en Guantánamo.

Hamdan está acusado de conspiración y de suministrar material de apoyo a terroristas, cargos por los que puede ser sentenciado a cadena perpetua.

El yemení será el primer acusado ante un tribunal de crímenes de guerra de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Al juicio, que se espera que dure tres o cuatro semanas, han sido llamados a declarar más de una veintena de testigos.

El tribunal estará compuesto por cinco miembros elegidos entre una selección de 13 oficiales estadounidenses y el veredicto se decidirá por mayoría de dos tercios.

Hamdan, que recibía un salario de 200 dólares como chófer de Bin Laden, fue capturado por el ejército afgano en noviembre de 2001 y entregado luego al ejército estadounidense.

En mayo de 2002 fue llevado a Guantánamo y, al poco tiempo, se convirtió en uno de los primeros prisioneros en enfrentar acusaciones de crímenes de guerra.

Los abogados defensores alegan que no era más que un simple empleado de la flota de coches que tenía Bin Laden y aunque se barajaba que sus abogados pudieran llegar a un acuerdo para que Hamdan se declarase culpable con el objeto de reducir la pena, finalmente no fue así.

Antes que Hamdan, el australiano David Hicks iba a ser sometido a los polémicos tribunales militares establecidos por el gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero no llegó a ser juzgado.

Hicks se declaró por adelantado culpable de dar apoyo al terrorismo a cambio de una pena de tan sólo nueve meses de prisión y no llegó al tribunal.

Los abogados de Hamdan habían pedido que se suspendiera el juicio amparándose en una decisión del Tribunal Supremo, que admitió el pasado junio que los presuntos terroristas considerados "combatientes enemigos ilegales" por el Gobierno tienen derecho a cuestionar ante los tribunales de EE.UU. la legalidad de su detención.