La excepción española

Cada año desde 2007, Herman Matthijs, profesor de la Universidad de Bruselas, elabora un índice sobre el coste de las ocho monarquías existentes en la Unión Europea. No es un cálculo sólo económico, sino también de control democrático: evalúa el grado de transparencia, si pagan impuestos, si tienen control externo, si sus tripas son públicas, cuánto cuestan...

En la edición de 2011, España se situaba a la cola, con siete puntos sobre un máximo de 20, al nivel de Bélgica, sólo por encima de Suecia y muy alejada de Reino Unido, que encabezó la tabla con 13 puntos.

En la gran mayoría de monarquías, la transparencia se fija por ley

Tras la divulgación de cómo el rey distribuye el dinero público que recibe, es posible que la monarquía española escale alguna posición porque mejora en transparencia. Pero ni siquiera es seguro: ahora se sabe que la asignación pública sólo paga la nómina de 18 de los 507 empleados de la Casa y que el resto va a cargo del Gobierno, lo que puede poner en entredicho el plus que Espa-ña tenía en el ranking por el supuesto bajo coste de la Corona y los ajustes tras la crisis.

El estudio pone de manifiesto que la Casa Real española es muy singular para los parámetros europeos. De un lado, por su mayor similitud formal con los ciudadanos: Juan Carlos I es el monarca con el salario teóricamente más bajo, el único por debajo de los 300.000 euros al año y muy lejos de las asignaciones por encima del millón anual de Noruega y Bélgica. Además, la española es la única monarquía cuyos miembros pagan todos los impuestos, incluidos los de los fondos de la llamada civil list destinadas a la organización de la Casa del Rey, aunque sin desvelar su cuantía.

Pero, al mismo tiempo, Juan Carlos I es probablemente el monarca con más poder de auto-organización de toda la UE, tanto con respecto a los otros miembros de la Casa del Rey como a los teóricos deberes anteel poder salido de las urnas.

Sólo en España el rey decide los recursos con que cuenta el heredero

Desde el punto de vista interno, la Constitución otorga al rey poder absoluto para distribuir la asignación pública, que en 2011 ascendió a 8,4 millones, incluyendo fijar su salario y el del resto de los integrantes de la Casa Real.

En la gran mayoría de monarquías europeas, el salario viene prefijado por el poder político, como también el derecho a recibirlo por parte del heredero o heredera, el esposo o esposa y los hijos: ello no depende de la voluntad del monarca, sino de la ley.

En este sentido, el poder interno de Juan Carlos I tiene un reverso: ningún heredero tiene tan pocos derechos como el príncipe Felipe, que si en 2011 percibió 146.000 euros es porque así lo decidió libremente su padre.

En la gran mayoría de países, los herederos reciben una asignación para salario y otra para su particular civil list. En Holanda, por ejemplo, la aportación para el príncipe fijada por la ley ascendió en 2010 a 246.000 euros de salario y 1,1 millón para su particular civil list.

La monarquía española cuenta con otras excepcionalidades hacia afuera. Si ahora el rey ha decidido divulgar los grandes rasgos de cómo gasta el dinero público es porque así lo ha querido, pero nada le obligaba a ello, a diferencia del resto de casas reales de la UE.

En la mayor parte de monarquías, ese informe, detallado y obligatorio, tiene algún tipo de control o auditoría externa a la Casa del Rey, a diferencia de lo que sucede en España.

La mayoría cuenta, además, con una norma legal que delimita claramente los derechos y obligaciones de los monarcas. Y habitualmente el uso que la Casa del Rey puede hacer del Patrimonio Nacional está limitado y claramente acotado.