La expresidenta filipina afronta a una nueva denuncia de fraude

La expresidenta de Filipinas Gloria Macapagal Arroyo fue acusada hoy de un delito de corrupción vinculado a un contrato estatal con la empresa de telecomunicaciones china ZTE, supuestamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (142 millones de euros).

La denuncia fue interpuesta ante la Defensora del Pueblo por un grupo de legisladores liderado por Teodoro Casiño, y está incluye al marido de la exmandataria, José Miguel Arroyo, y a dos altos cargos del Gobierno de Arroyo.

Arroyo firmó en China en 2007 el contrato público con la compañía de telecomunicaciones ZTE para instalar una red de internet de alta velocidad, proyecto supuestamente sobrevalorado en al menos 200 millones de dólares, y lo anuló unos meses después a raíz de que afloraran las primeras denuncias de supuesta corrupción.

Los denunciantes acusan a Arroyo y su marido de haber sobornado a altos funcionarios del Gobierno para favorecer a la empresa china en la adjudicación del contrato.

Ambos fueron exonerados hace un año por la entonces defensora del Pueblo, Merceditas Gutierrez, muy cuestionada por su cercanía a los Arroyo -fue compañera de clase de José Miguel- y obligada a dimitir hace unos meses después de que el Senado anunciara un proceso de destitución en su contra por dejación de sus funciones.

Con este son ya seis los casos de supuesto fraude que la pareja Arroyo tiene pendientes con la Justicia.

La exmandataria está acusada de fraude fiscal por la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar sus anteriores campañas electorales con dinero destinado a la ayuda de los trabajadores filipinos en el extranjero, a la compra de fertilizantes para agricultores y a la beneficencia.

Además, en las últimas semanas se han multiplicado las acusaciones de fraude electoral durante los comicios presidenciales de 2004 y los legislativos de 2007.

Ninguna de las acusaciones de corrupción, fraude electoral u otros delitos atribuidos a la expresidenta, su esposo o personas próximas durante los nueve años en el poder (2001-2010), han sido nunca probados en un tribunal de justicia.