La expresidenta filipina se enfrenta a una nueva denuncia por malversación

La expresidenta de Filipinas Gloria Macapagal Arroyo fue acusada hoy en un nuevo caso de corrupción por la supuesta malversación de un fondo de 325 millones de pesos (5,33 millones de euros ó 7,66 millones de dólares) destinado a la caridad.

La denuncia contra Arroyo y otros ocho altos cargos de su administración fue presentada hoy en la Oficina de la Defensora del Pueblo por un grupo encabezado por la excongresista izquierdista Rissa Hontiveros, por el uso del dinero destinado a la administración nacional de la lotería caritativa (PCSO).

"El anterior Gobierno y sus secuaces en la PCSO robaron a los filipinos más necesitados lo que tenía que haber sido su tabla de salvación. Por ello, Arroyo merece pudrirse en la cárcel para siempre", criticó Hontiveros.

El grupo acusador asegura que estos fondos fueron en parte utilizados para sobornar a gobernantes locales, para financiar gastos electorales y para engrosar las cuentas bancarias de altos cargos del anterior Gobierno.

Esta denuncia se produce poco después de que Arroyo fuera ingresada anoche en un hospital de Manila, donde estuvo en observación por un problema en la columna vertebral que puede requerir cirugía.

Uno de sus antiguos colaboradores, Jerry Pelayo, declaró a la prensa que el estado de salud de la expresidenta se ha resentido en parte por las denuncias por corrupción a las que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas.

La ahora congresista por su provincia natal de Pampanga tuvo que comparecer hace unos días ante la Justicia para responder a las acusaciones de malversación de un fondo destinado a los trabajadores filipinos en el extranjero.

Además, en el último mes se han multiplicado las acusaciones de manipulación de votos en las elecciones presidenciales de 2004, en las que renovó su mandato presidencial.

Ninguna de las acusaciones de corrupción, fraude electoral u otros delitos atribuidos a Macapagal Arroyo, su esposo, Jose Miguel Arroyo, o personas próximas durante sus nueve años de presidencia (2001-2010) han sido probados en los tribunales de justicia.