La exresponsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) María Ángeles Mallent ha sido imputada por prevaricación a petición del fiscal y las acusaciones tras haber testificado hoy ante el juez que instruye la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos.

Según fuentes del ministerio público, se ha adoptado esta decisión por la supuesta falta de celo de Mallent a la hora de informar de las contrataciones entre CACSA y Nóos.

Esta pieza separada se abrió para investigar los contratos que reportaron 3,1 millones de euros públicos al citado instituto por organizar en Valencia tres cumbres sobre turismo, cuando lo presidían Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Mallent, según las mismas fuentes, debería haber elaborado los pertinentes informes sobre necesidad y utilidad de la contratación e informado sobre el procedimiento a seguir.

María de los Ángeles Mallent se une así a los cinco imputados en esa pieza separada del caso Palma Arena que instruye el juez José Castro: Miguel Zorío, Jorge Vela, Elisa Maldonado, Isabel Villalonga y José Manuel Aguilar, acusados de los supuestos delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.

Para esta tarde está previsto que declaren, además de otras empleadas de CACSA, el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el responsable de Turismo Valencia Convention Bureau, Jose Salinas, y el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, Luis Lobón.

Entre las diez y las dos de la tarde han prestado declaración el empresario Francisco Roig, su hermano y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; el expresidente del Valencia Juan Bautista Soler y el exvicepresidente Vicente Soriano, así como varios empleados de los departamentos de ventas, comercial, judicial y de eventos de CACSA.

La mayoría de los testigos ha ratificado la declaración que prestaron ante la Fiscalía el pasado mes de diciembre, basada en la tesis de que sus aportaciones a Nóos se realizaron principalmente por la presencia de Urdangarin en esta institución y no han hecho declaraciones a la prensa.

"No me arrepiento de nada, salvo de fumar", ha apuntado Francisco Roig. "Les ruego respeten el día de dolor que llevo", ha pedido su hermano Fernando, en alusión al descenso del Villarreal a Segunda División.

El expresidente del Valencia Juan Bautista Soler aseguró el pasado 24 de noviembre a la policía que "se sintió obligado" a dar dinero (30.000 euros) al Instituto Nóos "debido a que era Iñaki Urdangarin quien lo pedía".

Ello a pesar de pensar que "había algo de tufo" y de no tener claro para qué iba a ser empleado.

En parecidos términos declaró ante la policía y ante el fiscal anticorrupción Horrach, el pasado 24 de noviembre, Fernando Roig.

Dijo que encargó al Instituto Nóos un estudio sobre el valor de la "esponsorización" del estadio de fútbol del Villarreal "básicamente porque Iñaki Urdangarin era su presidente".

En su declaración, Roig señaló que Torres y Urdangarin fijaron el precio de este servicio en 696.000 euros.

"A cambio de ese dinero, Nóos entregó un informe de trece páginas -incluida una para la portada, otra para el índice, una más de introducción y la última de "conclusiones" de solo tres párrafos- en el que se aseguraba que el Villarreal podía obtener entre 3,6 y 3,8 millones de euros por 'esponsorizar' su estadio", dijo.

El grueso del dinero que fue a parar a las manos de Urdangarin, duque de Palma, y su socio fue, sin embargo, de fondos públicos, y la Fiscalía Anticorrupción española lo cifra en 5,8 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares), procedentes de los gobiernos regionales de Valencia y de las Islas Baleares.

Nóos percibió unos dos millones de euros del Turismo Valencia Convention Bureau y de CACSA, dependientes respectivamente del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, por organizar entre 2004 y 2006 las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos.