F. de la Vega afirma que el Gobierno estudia la ejecución de las obras por si pide responsabilidades

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho hoy que el Ejecutivo garantizará la seguridad en las obras del AVE a Barcelona y que Fomento estudia su ejecución por si hay que pedir responsabilidades a las empresas adjudicatarias que no han cumplido sus compromisos.

"Si hay alguna responsabilidad, tengan la absoluta tranquilidad que el Gobierno actuará conforme a derecho y con todas las garantías también con las empresas", ha manifestado Fernández de la Vega en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Efe.

La vicepresidenta primera ha hecho hincapié en que el Gobierno "lamenta y lo va a seguir lamentando todos los días" los problemas que están causando a los ciudadanos las obras del AVE a Barcelona, que el pasado sábado provocaron la suspensión del servicio de tres importantes líneas de ferrocarril, entre ellas la C-2 y C-10 de Cercanías.

Ha insistido en que el objetivo "fundamental" del Ejecutivo es que las obras del tren de alta velocidad respondan a la seguridad por lo que, "ante cualquier mínimo problema", garantizará y dará prioridad a la seguridad, "aunque eso tenga consecuencias".

Fernández de la Vega ha recalcado que se debe mantener el ritmo de las obras "minimizando y paliando las consecuencias" para los ciudadanos, y ha recordado que se trata de una obra de "enorme complejidad técnica" que se empezó en 1999 y cuyo trazado y proyecto se definió por la anterior administración.

"No lo digo para desviar el problema, sino para que todos tengamos claro que el trazado que se está haciendo, todo el mundo estaba de acuerdo, en que es el mejor", ha manifestado.

Fernández de la Vega ha dicho que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, está "trabajando con muchísimo rigor", requiriendo a las empresas para que "cumplan con sus obligaciones" y "estudiando los posibles incumplimientos que pueda haber para, en su caso, si hay responsabilidades, por supuesto, exigirlas".

Preguntada por si no es una presión excesiva el hecho de haber fijado la fecha de inauguración para el 21 de diciembre, ha respondido que "si no se puede hacer ese día no se hará", porque "no pasa nada".

Sin embargo, ha recordado que la obra se adjudicó en enero de 2005, que ha tenido "dos prórrogas" y que, cuando se anunció que se inauguraría el 21 de diciembre, "se daba un año de plazo" para su ejecución.

Por último, la vicepresidenta primera no ha querido opinar sobre si los problemas en las infraestructuras de Cataluña pueden tener un coste electoral para el PSOE, porque el Gobierno no trabaja, ha afirmado, "con ese tipo de análisis" sino "para mejorar la vida de la gente".