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Fabra se desdice y no expulsa a las consejeras contra las que se ha abierto juicio oral por la Gürtel

El presidente de la Generalitat Valenciana aumenta el desconcierto en el PP por sus actuaciones contradictorias. Los conservadores niegan ahora que la apertura de juicio sea un motivo para echar a los diputados de su Grupo.

 

A.P.V. / Agencias

Hace menos de un mes (el 6 de junio) que el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dijo en el pleno de las Corts que si se habría juicio oral contra el entonces diputado del PP y ex conseller Rafael Blasco, "no me temblará la mano" para expulsarlo del Grupo. Finalmente, y antes de que eso ocurriera, Blasco pasó a ser diputado no adscrito por unas declaraciones en televisión insinuando que Fabra había ordenado a la Abogacía de la Generalitat pedir once años de prisión contra él y 31 de inhabilitación por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental en el marco del caso Cooperación. Fabra aseguró que se iba del Grupo y del partido -le suspendieron de militancia- por una cuestión de "deslealtad", que pesó más que todos los presuntos delitos de corrupción.

Ahora, y contra todo pronóstico, el president ha decidido mantener en sus escaños del PP a las ex consejeras de su antecesor, Francisco Camps, contra las que se ha abierto juicio oral por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre 2005 y 2009, esto es, la rama de la trama Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Los casos de Milagrosa Martínez y Angélica Such se están estudiando, según dijo ayer Fabra, que pide, además, tiempo para tomar una decisión que no sea "irreversible". La diferencia con Blasco, según el PP valenciano, consiste en que la Abogacía no ha pedido penas contra las diputadas.

El constante goteo de imputaciones (el 20% de los diputados valencianos del PP), posibles imputaciones (Rita Barberá y Francisco Camps podrían serlo por el caso Nóos), una expulsión (la de Blasco por "deslealtad") o la apertura de juicio oral contra Martínez y Such están desgastando a un presidente autonómico antes, incluso, de que sea ratificado por las urnas por primera vez.

En el PP nacional reconocen que esta situación no favorece en absoluto a Fabra -tampoco a Mariano Rajoy-, cuya candidatura para los próximos comicios autonómicos no ha sido confirmada, pero que no consigue soltar amarras de la situación que heredó de Camps -aunque se comprometió a ello nada más acceder a la Presidencia-, agravada por la profunda crisis económica de la Comunitat, la más endeudada de España. En la calle Génova son partidarios de que Fabra suelte lastre de una vez por todas, pero reconocen lo delicado de la situación al tratarse de una quinta parte del Grupo el que tiene cuentas pendientes con la Justicia.

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