FAES defiende el trato fiscal que se aplica a Catalunya

Las consecuencias del proceso abierto por el nacionalismo catalán son graves, ha dicho el secretario general de la FAES, Javier Zarzalejos. La manera de plantear esas elecciones, según él, supone una "degradación del proceso democrático", porque el presidente de la Generalitat se ha mostrado abiertamente dispuesto a incumplir la ley y porque pretende transformar esos comicios en un plebiscito.

"No creemos en la Catalunya soñada de la independencia", ha proclamado Zarzalejos. Según él, "no habría separación, sino un desgarro, que no merece Catalunya ni España".

El acto, convocado para la presentación de un informe sobre el déficit fiscal, ha tenido lugar en la sede social de un club distinguido de Barcelona, el Círculo Ecuestre, que habitualmente colabora con la FAES. Poco antes del final, cuando se ha dado paso a las preguntas de los asistentes, la organización ha indicado a los periodistas que debían abandonar la sala.

El informe consta de cuatro artículos, editados en forma de libro, que han presentado sus respectivos autores, todos ellos destinados a denunciar con mayor o menor énfasis "el mito del expolio fiscal", es decir, dicen desde la propia FAES, "del presunto maltrato fiscal que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado".

Prácticamente todos los ponentes han admitido, unos más y otros menos, la existencia del déficit fiscal de Catalunya. Uno de ellos, el diputado por Madrid Gabriel Elorriaga ha señalado que el debate en torno al tema es legítimo, pero que últimamente se está "falsificando por motivos que nada tienen que ver con la mejor utilización y distribución de los recursos públicos".

Otro especialista, Ángel de la Fuente, ha señalado incluso que el citado déficit es bastante grande, pero que "es el que nos toca" y que el caso de Catalunya "encaja perfectamente con el patrón de la redistribución territorial que se observa en Estados Unidos".

"No creemos en la Catalunya soñada de la independencia", dijo Zarzalejos

El profesor de Hacienda Pública Santiago Álvarez ha recurrido al argumento de que la justicia distributiva debe aplicarse entre ciudadanos, no entre territorios, y que si entre estos surgen diferencias de fiscalidad deben achacarse a las comunidades autónomas y no a la acción del gobierno central.

El cuarto economista, Pascual Fernández, ha presentado su análisis sobre un estudio de la Generalitat, en torno a la balanza fiscal de Catalunya entre los años 2006 y 2009, y ha puesto abiertamente en cuestión la metodología utilizada por la administración catalana, que según él "lleva a conclusiones claramente irreales y erróneas".