El fallo del Supremo sobre los presos en Guantánamo constituye un revés para Bush

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció hoy el derecho de los detenidos en Guantánamo a acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad, lo que supone un grave revés para el Gobierno de George W. Bush.

Se trata de la tercera decisión de la máxima corte del país que extiende derechos a un lugar que la administración de Estados Unidos ha querido dejar al margen de cualquier ley, incluso de los tratados internacionales.

Bush mal pudo contener su molestia al tener que responder al tema en una rueda de prensa en Roma (Italia). "Acataremos la decisión del tribunal, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ella", dijo.

El Supremo emitió su dictamen por un margen mínimo, cinco contra cuatro, ante la oposición de los miembros más conservadores de la corte, incluido su presidente, John Roberts.

El magistrado Anthony Kennedy escribió el fallo en nombre de la mayoría y allí declaró que "las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ir unidas".

En cambio, Antonin Scalia, quizá el juez más conservador, advirtió que "la nación lamentará lo que ha hecho el tribunal hoy" y que el dictamen dificultará la lucha contra el terrorismo.

"Casi ciertamente causará más muertes de estadounidenses", afirmó Scalia.

Pese a la profunda división de opiniones en el seno de la máxima corte del país, la decisión de la mayoría es la que cuenta y en ella los magistrados dictaminaron que los aproximadamente 270 extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen derechos protegidos por la Constitución de EE.UU., pese a que esa base está en suelo cubano.

El parecer del Supremo permitirá a los detenidos escapar al sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento.

Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en Guantánamo.

El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, alabó en un comunicado un fallo que, en su opinión, supone "el rechazo al intento de la administración de Bush de crear un agujero negro legal en Guantánamo, otra política fallida que respalda John McCain", su rival republicano.

Por su parte, McCain manifestó sus reservas al respecto. "Se trata de combatientes ilegales, no son ciudadanos estadounidenses, y creo que deberíamos prestar atención a la opinión del juez Roberts en esta decisión", dijo, aunque al mismo tiempo reiteró su deseo de cerrar Guantánamo.

Este dictamen probablemente provocará una oleada de recursos ante las cortes federales estadounidenses y reactivará algunas demandas que jueces de menor rango habían paralizado, pendientes de la decisión del Supremo.

Desde que 20 detenidos llegaron en enero de 2002 por primera vez a las jaulas de metal que inicialmente se usaron para alojarlos en Guantánamo, el Tribunal Supremo se ha constituido en el principal freno a la pretensión del Gobierno de encerrar a sospechosos de terrorismo de forma indefinida y sin dar explicaciones.

Un dictamen anterior había obligado a la administración a establecer unas juntas militares de revisión de la situación de cada arrestado, para determinar si merecen continuar encarcelados. Anteriormente, los presos no tenían ni siquiera ese derecho.

El Tribunal Supremo determinó hoy que ese sistema no constituye un mecanismo justo de análisis de los casos.

En esas juntas, denominadas formalmente "tribunales de revisión del estatus de los combatientes", los reos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten confesiones realizadas bajo tortura.

En una declaración jurada enviada al Supremo, el teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado que los procedimientos son "poco más que una validación de las determinaciones previas" hechas por el Pentágono.