Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han anunciado que recurrirán la decisión 'inhumana e injusta' de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de restos.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de 'injusta' la decisión de la Fiscalía, que, a su juicio, supone 'atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso, que están esperando a que se lleven a cabo las exhumaciones'.

Silva ha estimado que es 'inhumano' que la Fiscalía 'no piense en las personas que llevan setenta años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares' y que, 'en un despacho, saltándose varios procedimientos, decida que esas personas no tienen derecho a abrir fosas'.

Las asociaciones de familiares formularán una petición de nulidad de la decisión adoptadaen base al artículo 2.38 de la Ley de Enjuiciamiento, que establece que un acto procesal podrá ser declarado nulo si ha incumplido las normas básicas, ha precisado Silva.

El portavoz del colectivo ha apuntado que el hecho de no informar a las partes interesadas, como las asociaciones demandantes, supone un incumplimiento de una de esas normas básicas, que dice que las partes tienen que participar en ese proceso porque si no lo hacen se les está generando una indefensión.

Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha lamentado la 'tremenda barbaridad' que ha hecho hoy la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, 'de la mano del fiscal, que tiene que velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en este país'.

Después de mostrar su sorpresa y perplejidad por la decisión, ha subrayado que se seguirán abriendo fosas en España y se ha preguntado 'a quién hacemos daño devolviendo a los familiares los restos de hace setenta años'.

Maqueda se ha cuestionado si esos terceros a los que perjudica la apertura de fosas, 'son fantasmas o personas de carne y hueso que tienen interés en que esta causa no salga a la luz y, con ella, los nombres de los represores y la dimensión tan brutal de la tragedia que ocurrió en este país'.

La portavoz de este colectivo ha reconocido que cuando comenzaron este proceso, sabían que iban tener 'muchas dificultades', pero ha expresado la disposición de los familiares a 'librar esta batalla y llegar hasta instancias internacionales, si es necesario'.

La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha calificado de 'prudente' la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que las exhumaciones se hagan en el marco de las normas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.

García ha justificado la orden de paralización de la apertura de fosas decidida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hasta que se sepa cómo van a desarrollarse esas exhumaciones y se establezcan unos criterios homogéneos y unas garantías para aquellos restos de quienes no tienen en estos momentos un familiar identificado.